El Gobierno Regional (GORE) Metropolitano ha interpuesto una querella por fraude al Fisco. La acción legal apunta contra una exanalista de su Unidad de Tesorería y el dueño de una empresa de Antofagasta que recibió más de $142 millones, a pesar de no contar con ningún contrato previo con la institución.
La querella, presentada por el gobernador Claudio Orrego ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se basa en una investigación interna que sugiere un esquema de engaño. Según el libelo, la exfuncionaria Maritza Pacheco Bartra habría registrado a la empresa Fibronorte SpA como proveedora, la incluyó en una nómina de pagos el mismo día y, tras concretar la transferencia, habría modificado los datos en el sistema para ocultar el rastro.
Además de Pacheco Bartra, la querella se dirige contra el empresario Juan Pablo Vargas Miranda, socio único de Fibronorte SpA, y contra la propia sociedad, buscando que responda como persona jurídica bajo la Ley de Delitos Económicos. Vargas Miranda, en conversación con la Unidad de Investigación de Bío Bío, afirmó haber prestado la cuenta de su firma a un tercero: “Un conocido me comentó que tenía un problema con Impuestos Internos, que no podía usar su cuenta para un negocio. Se me hizo esa transferencia a mi cuenta, pero yo esa plata se la traspasé a esta persona”, declaró el empresario.
Las funciones de Maritza Pacheco incluían la creación de proveedores en la plataforma de pagos y la elaboración de las nóminas que luego se enviaban al banco. El 29 de enero de 2025, la exanalista registró a Fibronorte SpA, ingresando una cuenta del Banco Santander y un correo de contacto que posteriormente se verificó como inexistente. Con el mismo usuario, generó un egreso por más de $142 millones y lo integró a una nómina junto a otros pagos legítimos.
Ese mismo día, envió la nómina a los funcionarios del GORE encargados de la aprobación bancaria y a su jefatura, cumpliendo el protocolo. La transferencia a la cuenta de Fibronorte se efectuó el 31 de enero. Sin embargo, el GORE Metropolitano asegura que la empresa no tenía justificación para recibir dicho monto, ya que carecía de “vínculo contractual ni comercial alguno”, órdenes de compra o convenios que respaldaran el abono.
Una vez realizado el pago, la funcionaria habría alterado la ficha de Fibronorte en el sistema, modificando el banco (de Santander a BankBoston), el número de cuenta, el correo electrónico y la dirección, que fue cambiada a Bandera 46, sede del propio Gobierno Regional. Adicionalmente, se borró el registro de la transferencia de la plataforma, el cual solo pudo recuperarse gracias a los respaldos internos del servicio.
La irregularidad fue descubierta por Alfonso Vallejos, encargado de la Unidad de Contabilidad, durante la revisión de una cuenta contable de anticipos. Ante esto, el GORE inició un procedimiento disciplinario y presentó una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte. Actualmente, la causa está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad.
“La querellada Pacheco Bartra contaba de antemano con su razón social, su RUT y el número exacto de su cuenta bancaria en el Banco Santander, antecedentes que no figuraban en registro alguno de este Servicio. La fuente natural de tales datos es la propia sociedad o quien la controla, lo que permite sostener la existencia de un concierto previo entre ambos querellados.”
Para el Gobierno Regional, un elemento clave es que Pacheco manejaba datos de Fibronorte que no estaban registrados oficialmente en la institución, sugiriendo una posible concertación previa entre los querellados.
