El Undécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al abogado Arturo Correa Cuevas a pagar 280 millones de pesos, más reajustes e intereses, a tres de sus exclientes. La sentencia, dictada el 4 de noviembre, lo responsabiliza por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales, al actuar a espaldas de sus representados y priorizar sus intereses económicos.
Correa Cuevas es el mismo jurista que se embolsó 2.870 millones de pesos tras un polémico acuerdo con la Compañía General de Electricidad (CGE), cuyos detalles fueron revelados en diciembre de 2024. La justicia determinó que negoció indemnizaciones sin el consentimiento informado de sus clientes por los incendios forestales de 2017 en la región de O’Higgins.
En abril de 2019, el abogado firmó transacciones con CGE que pusieron fin a las demandas civiles que él mismo había interpuesto. La eléctrica desembolsó 5.000 millones de pesos para cerrar los litigios de 14 víctimas. Sin embargo, al menos tres de esos clientes nunca fueron informados de los montos específicos antes del acuerdo.
“Por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del mandatario”
Además, Correa Cuevas se apropió de la mitad de las indemnizaciones de sus clientes como honorarios, cobros que el tribunal consideró injustificados. Los hechos se remontan al verano de 2017, cuando incendios devastaron más de 100 mil hectáreas en O’Higgins.
En ese contexto, 14 personas y las municipalidades de Marchigüe y Paredones contrataron a Correa Cuevas para demandar a CGE por responsabilidad en los siniestros. El 30 de abril de 2019, el jurista alcanzó acuerdos extrajudiciales con CGE que implicaron un pago de 5.000 millones de pesos por las demandas civiles, pese a que las pretensiones originales superaban los 20.700 millones de pesos.
De los 5.000 millones de pesos pagados por CGE, 2.500 millones fueron directamente a Correa Cuevas como honorarios. Adicionalmente, recibió 370 millones de pesos por transacciones ambientales ligadas a los municipios. Sus ganancias totales ascendieron a 2.870 millones de pesos, mientras los 14 particulares se repartieron los 2.500 millones restantes.
Los demandantes también cuestionaron la estructura de los pagos y las condiciones del acuerdo, incluyendo una estricta cláusula de confidencialidad que, según una querella criminal, el abogado usó para negar información sobre las transacciones a sus clientes. Esta sentencia representa un hito judicial en la investigación de sus manejos financieros.
