El Congreso de Chile aprobó una ley que busca acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular. Mientras tanto, en Perú, los registros oficiales desmintieron las afirmaciones sobre la supuesta expulsión de cientos de miles de extranjeros durante la administración del presidente José Antonio Kast.
La nueva normativa, aprobada el martes 20 de octubre, facilita el cumplimiento de las órdenes de salida del país. Entre sus disposiciones más destacadas, autoriza a la policía a solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios con el fin de detener a personas migrantes que tengan una orden de expulsión vigente.
Esta discusión legislativa cobró relevancia después de que la senadora peruana Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, declarara en RPP Noticias que Chile había expulsado “cerca de un millón” de extranjeros indocumentados en el primer mes de gobierno de Kast. Posteriormente, Alcorta rectificó la cifra a 800.000 personas.
Sin embargo, una revisión de las cifras oficiales realizada por PerúCheck desmintió ambas cantidades. Los registros indican que la administración chilena ejecutó 156 expulsiones durante su primer mes, número que aumentó a 196 tras un operativo aéreo el 16 de abril.
El proyecto de ley aprobado por el Congreso chileno fue presentado originalmente por el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric en 2024, pero tomó nuevo impulso bajo la administración de Kast, quien asumió la Presidencia el 11 de marzo de 2026.
De acuerdo con un comunicado del Senado, la policía podrá requerir a un juez permiso para entrar a una vivienda “con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión”.
La legislación también faculta a las autoridades para solicitar datos a organismos públicos, facilitando la ubicación y notificación de extranjeros indocumentados con órdenes de expulsión pendientes. El objetivo es superar las dificultades en la ejecución de estas resoluciones.
La política migratoria fue un pilar central de la campaña de José Antonio Kast, quien propuso la expulsión de más de 330.000 personas que, según las estimaciones, residen en Chile sin situación migratoria regularizada. El Gobierno vincula la inmigración irregular con el aumento de la criminalidad, aunque el ritmo real de las expulsiones en los primeros meses fue menor a las cifras difundidas en el debate político peruano.
A fines de septiembre, la Subsecretaría del Interior informó que desde la llegada de Kast a la Presidencia se habían ejecutado 1.468 expulsiones. El mismo reporte precisó que, durante el año calendario 2026, se contabilizaron 1.764 expulsiones, incluyendo las realizadas antes del inicio de su mandato. Estas cifras fueron las examinadas por PerúCheck, concluyendo que las afirmaciones de Alcorta eran falsas.
El periodista chileno Juan Jaime Díaz también cuestionó la magnitud de los números mencionados por la senadora peruana. Díaz explicó que, aunque Kast anunció la expulsión de un número importante de inmigrantes indocumentados, “no había ninguna posibilidad de alcanzar cantidades de esa magnitud”.
Díaz añadió que las cifras divulgadas hasta el momento rondaban los 1.884 extranjeros expulsados y recordó que el total de 2025 fue algo menor. “Estamos hablando de cantidades cercanas a las 2.000 personas, no de un millón”, sostuvo. La discrepancia entre las declaraciones políticas y los datos oficiales se instaló en Perú mientras Chile implementa una normativa que amplía las herramientas para ejecutar las órdenes de expulsión.
