El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición del exejecutivo de Principal Financial Group, Andrés Riquelme Pallamar, de rebajar las medidas cautelares en su contra. Riquelme permanece imputado por estafa y apropiación indebida, en una investigación que apunta a una red de inversiones que habría generado pérdidas millonarias a sus clientes.
Entre las víctimas se encuentra una profesora alemana que tenía planes de volver a Europa en 2024. Antes de concretar su partida, confió los ahorros de toda su vida a Riquelme Pallamar, quien operaba a través de las sociedades Chilean Seller Inversiones y Asesorías Limitadas. La mujer perdió más de 256 millones de pesos y, según su abogado, continúa viviendo en Chile en condiciones de extrema precariedad. Riquelme, por su parte, sigue bajo arresto domiciliario total.
La investigación comenzó en junio de 2022. Riquelme Pallamar captaba ahorros de inversionistas ofreciendo operaciones financieras con supuestos respaldos de instituciones reconocidas. Utilizaba su posición en Principal Financial Group y su sociedad, Chilean Seller Inversiones y Asesorías Limitadas, para prometer rentabilidades periódicas mediante el financiamiento de órdenes de compra.
El esquema aparentaba legalidad, con clientes recibiendo pagarés y escrituras públicas. Entre los supuestos negocios se mencionaba la adquisición de equipamiento para el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Sin embargo, las querellas señalan que las órdenes de compra eran falsas y las operaciones comerciales no existían.
Durante meses, los inversionistas recibieron los pagos prometidos, lo que ayudó a Riquelme a ganar confianza y atraer más capital. Según los querellantes, el dinero de nuevos clientes se usaba para cubrir compromisos anteriores, un mecanismo similar a un esquema Ponzi.
La estructura empezó a colapsar en diciembre de 2023. Entre el 4 y el 11 de ese mes, se produjo un incumplimiento masivo de pagos, exponiendo las presuntas irregularidades. Varias víctimas descubrieron entonces que sus inversiones carecían del respaldo prometido. Riquelme habría admitido posteriormente que las operaciones eran ficticias y que los fondos se destinaron a deudas personales.
Tras su formalización en diciembre, el exejecutivo fue puesto en prisión preventiva a petición del Ministerio Público. Sin embargo, logró que la medida fuera reemplazada por arresto domiciliario total. Su defensa intentó nuevamente reducir las restricciones, argumentando la existencia de “nuevos antecedentes”.
La audiencia se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre, con la presencia de abogados defensores, el fiscal y los representantes de los querellantes. Tanto la Fiscalía como las partes querellantes se opusieron a flexibilizar las cautelares. La jueza Andrea Osorio Ganderats denegó la petición del exejecutivo, manteniendo su actual medida cautelar.
