A siete años de ocurrido el estallido social del 18 de octubre de 2019, la percepción negativa sobre sus consecuencias para Chile ha aumentado. Una nueva medición del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) revela que el 64% de los encuestados considera que el episodio fue perjudicial para el país, lo que representa un aumento de siete puntos porcentuales respecto al 57% registrado en 2024.
El estudio, que siguió a las mismas 978 personas entre 2019 y 2026, muestra una marcada evolución en las opiniones. La proporción de quienes consideraban necesario el estallido ha disminuido significativamente, mientras que el rechazo a la violencia como herramienta para lograr cambios sociales ha crecido.
Un ejemplo claro de esta variación se observa al preguntar si el estallido fue necesario o innecesario. En 2024, un 46% lo consideraba necesario, cifra que cayó al 31% en octubre de 2026. Paralelamente, aquellos que lo califican como innecesario pasaron del 36% al 52%. En solo dos años, la evaluación se invirtió, pasando de una mayoría que lo veía necesario a una que ahora lo considera lo contrario.
La medición también evidencia un cambio en la percepción sobre las formas de manifestación. Actualmente, el 89% de los consultados considera ilegítimo destruir bienes públicos como método de protesta, un incremento considerable desde el 73% de 2019. Asimismo, el 80% rechaza la idea de que los cambios sociales se consiguen a través de la violencia, y un 70% cree que el Gobierno no debe ceder ante manifestaciones violentas, una cifra muy superior al 36% de octubre de 2019.
Sin embargo, el estudio presenta un matiz interesante: el porcentaje de personas que califican las protestas del 18 de octubre como una manifestación válida subió del 38% en 2024 al 49% en 2026, aunque este valor aún está por debajo del 64% alcanzado en 2019. Esto sugiere que, a pesar de la creciente evaluación negativa del estallido, hay una recuperación parcial en la legitimidad de las movilizaciones.
Otro resultado relevante es la inversión en la evaluación de la violencia durante las protestas. En octubre de 2019, el 62% consideraba más grave la violencia ejercida por Carabineros contra grupos organizados, frente al 38% que señalaba la violencia de estos grupos contra la institución. Siete años después, el 49% ve más grave la actuación de Carabineros, mientras que el 51% apunta a la violencia contra los funcionarios policiales.
La encuesta también consultó sobre la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast otorgue indultos a uniformados por hechos ocurridos durante el estallido social. Frente a esta opción, el 51% manifestó su desacuerdo, el 37% se mostró a favor y un 12% no supo qué responder.
Finalmente, un 67% de los encuestados rechazó cambiar el nombre de Plaza Baquedano por Plaza de la Dignidad, cifra superior al 58% que se oponía a esta denominación en 2022. Estos resultados se divulgan en la antesala de una nueva conmemoración del 18 de octubre, reflejando un panorama de mayor rechazo a las consecuencias del estallido, pero con una parte de la ciudadanía que aún reconoce legitimidad a las movilizaciones de ese período.
