La reposición del Gabinete de la Primera Dama por parte del presidente José Antonio Kast, a más de cuatro años de su disolución, ha generado una ola de críticas desde la oposición. La presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, lideró los cuestionamientos, señalando una contradicción con el discurso de austeridad del Gobierno y alertando sobre una posible duplicidad de funciones con ministerios ya existentes.
Esta decisión institucional revierte lo implementado en 2022, cuando Irina Karamanos, entonces pareja del expresidente Gabriel Boric, optó por desmantelar la Coordinación Sociocultural de la Presidencia y traspasar las fundaciones bajo su gestión, como Integra, Prodemu y MIM. En ese momento, se buscó eliminar formalmente la figura tradicional de la Primera Dama como cargo público con estructura y presupuesto propios, situación que ahora cambia con el anuncio de Kast y la formalización de su equipo.
“Todo lo que esa resolución le encarga al Gabinete ya está encargado a un ministerio que tiene presupuesto y que responde políticamente. ¿Es necesario este gasto y duplicidad de funciones? Si el presidente convocó a una comisión de modernización del Estado, ¿por qué no se esperó para que fueran los expertos quienes zanjaran?”
Yeomans argumentó que las funciones asignadas al recién restituido Gabinete ya son competencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de la Mujer, cuestionando la pertinencia de este nuevo gasto en un contexto donde el Gobierno aboga por la reducción del Estado. La diputada enfatizó la necesidad de esperar las conclusiones de la comisión de modernización del Estado para evitar decisiones apresuradas.
A las voces del Frente Amplio se sumaron las del Partido de la Gente (PDG), quienes calificaron la restitución como “innecesaria” y una “burocracia” que se suma en tiempos de estrechez fiscal, poniendo en duda las prioridades en el uso de los recursos públicos. El debate sobre la figura de la Primera Dama y su rol institucional resurge, mientras se espera el impacto de esta decisión en la administración pública y el presupuesto nacional.