Los exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura, Sebastián Valenzuela y Alejandra Guajardo, irán a juicio contra la institución. Ambos, que fueron grabados en un acto sexual en dependencias municipales a fines de junio de 2025, solicitan una indemnización de 200 millones de pesos por daños.
La fecha de este litigio judicial, que enfrentará a los protagonistas del registro íntimo con el municipio liderado por la alcaldesa Camila Merino, se ha fijado para el 27 de noviembre de 2027.
El caso fue reactivado la semana pasada, luego de que una audiencia de conciliación no llegara a buen puerto, ya que la parte demandante expresó su clara falta de interés en alcanzar un acuerdo extrajudicial.
Los hechos se originaron la noche del 25 de junio de 2025, cuando Valenzuela y Guajardo fueron grabados. Posteriormente, un video de lo ocurrido se viralizó en TikTok, acumulando 28.5 millones de visualizaciones en la plataforma.
Tras el incidente, se inició un sumario administrativo interno que culminó en noviembre de 2025 con la destitución de ambos exfuncionarios. En diciembre del año pasado, el caso escaló al ámbito judicial, con la presentación de demandas laborales el día 18 ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo. En estas acciones legales, los demandantes acusaron daño moral y exigieron una considerable compensación económica.
Una de las declaraciones de los exfuncionarios en la demanda subraya que,
“en consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales, a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional”
. Además, en la acción judicial se argumenta que el suceso generó
“miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados, que en definitiva es una lesión extra patrimonial”
.
En el marco de la audiencia de conciliación se determinó la toma de declaración a funcionarios municipales y la realización de un peritaje psicológico. Este análisis, a cargo de la psicóloga Pamela Díaz Contreras y mandatado por el juzgado, busca establecer la posible afectación a la salud mental de los demandantes.
Entre las pruebas adjuntadas a la causa se incluyen documentos administrativos del sumario realizado y una entrevista a la alcaldesa Merino en Radio Pauta. En dicha entrevista, la autoridad abordó la posibilidad de la destitución de los funcionarios antes de que se conocieran los resultados de la investigación interna.
