Tutores del CIP Coronel acusados de drogarse presentan test de drogas negativo

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Dirigentes gremiales del Servicio de Reinserción Social Juvenil, la CUT y la ANEF desmintieron la acusación contra dos tutores del Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel, en la región del Biobío, quienes habían sido señalados de consumir drogas junto a internos del establecimiento. La controversia se generó tras las declaraciones de la directora regional del servicio, Tatiana Pedreros.

La polémica surgió la semana pasada cuando Pedreros, junto a la directora del CIP Coronel, Jessica Ponce, informó sobre el supuesto hallazgo de dos funcionarios fumando marihuana con adolescentes privados de libertad. Sin embargo, este martes, los gremios presentaron pruebas que contradicen esa versión oficial.

Raúl Fuentealba, dirigente del personal de Reinserción Social, exhibió los resultados negativos de un examen de drogas practicado a los dos educadores involucrados. Este test, realizado de manera particular, busca anticiparse al peritaje oficial ordenado por la Fiscalía en el marco de la investigación.

Desde la ANEF, la vicepresidenta regional Paulina Ortiz criticó la difusión de los antecedentes del caso, argumentando que se infringió el principio de inocencia. Aunque reconoció la gravedad de la denuncia, insistió en la necesidad de esperar los resultados de las investigaciones antes de cualquier pronunciamiento.

En la misma línea, Mikel Capetillo, presidente provincial de la CUT, enfatizó que “la presunción de inocencia es un derecho que tenemos todas las personas”, cuestionando el manejo público de la situación.

La presunción de inocencia es un derecho que tenemos todas las personas.

Frente a las críticas de los dirigentes, la directora regional Tatiana Pedreros reiteró que el resultado de estos tests de drogas no concluye las pesquisas en curso, sugiriendo que la investigación oficial sigue su curso.

En paralelo, los tutores señalados están evaluando presentar querellas por injurias y calumnias, y ya han ingresado un requerimiento ante la Contraloría por Ley Karin, buscando amparo ante lo que consideran un trato injusto.

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