El Tribunal de Contratación Pública invalidó la adjudicación de una auditoría externa para los estados financieros del Gobierno Regional Metropolitano (región Metropolitana), correspondiente al período 2021-2024 y por un monto de $55 millones de pesos. La sentencia, emitida el 29 de mayo, declaró ilegal y arbitraria la resolución que beneficiaba a Surlatina Auditores Limitada, acogiendo la impugnación de un oferente distinto.
El fallo detalla que la empresa adjudicada no presentó, junto con su oferta inicial, los archivos esenciales de metodología y la Carta Gantt, documentos clave del contenido técnico. Estos fueron añadidos posteriormente, una acción que el tribunal consideró inconsistente con las bases de la licitación.
En este sentido, el Tribunal de Contratación Pública enfatizó que la facultad de corregir errores no puede ser utilizada para completar aspectos fundamentales de una propuesta una vez que esta ha sido entregada. Permitir tal situación, según la sentencia, constituyó un
“privilegio indebido que vicia el procedimiento”
.
La situación fue nuevamente abordada este lunes en la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización del Consejo Regional, instancia que esperaba conocer el estado y avance de la auditoría. Aunque el Ejecutivo del Gobierno Regional participó y expuso sobre otros puntos, omitió referirse a esta materia específica.
Desde la comisión se aclaró que el objetivo no era debatir la sentencia, sino obtener información sobre la situación actual de la auditoría, su progreso y los productos entregados. Sin embargo, la falta de exposición por parte del Ejecutivo dejó sin respuesta las principales preguntas sobre el proceso.
El presidente de la comisión, Sergio Morales, expresó su preocupación.
“Estamos hablando de una auditoría especialmente relevante porque comprende los años 2021 a 2024, precisamente el período anterior, en el que conocimos distintos casos y cuestionamientos públicos sobre el uso y control de recursos del Gobierno Regional”
, apuntó.
Morales agregó que, tras el dictamen, es fundamental disipar las dudas que rodean el proceso.
“El Tribunal declaró ilegal y arbitraria la resolución que adjudicó esta auditoría y estableció que permitir al adjudicatario completar posteriormente el núcleo técnico de su propuesta constituyó un ‘privilegio indebido que vicia el procedimiento’. Frente a un antecedente de esa magnitud, es legítimo preguntarnos cómo afecta esto la confianza que necesariamente debe existir en una auditoría externa de esta importancia”
, afirmó.
Finalmente, el consejero criticó la ausencia de la exposición del Ejecutivo sobre el estado de la auditoría, a pesar de su presencia en la comisión.
“No lo citamos para discutir la sentencia, sino para saber cuánto ha avanzado, qué se ha entregado y en qué situación se encuentra. El Ejecutivo participó de la comisión y expuso los otros dos puntos de la tabla, pero justamente en el punto de la auditoría no se presentó a exponer”
, concluyó Morales.
La falta de información deja un vacío en la fiscalización de los recursos públicos, especialmente en un período marcado por cuestionamientos.
