El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este viernes una querella criminal en Arica contra el juez Gonzalo Quiroz del Segundo Juzgado de Letras de la comuna. La acción judicial también apunta a quienes resulten responsables por los delitos de prevaricación, cohecho y falsificación de instrumento público, relacionados con la inscripción irregular de un predio agrícola.
La querella, interpuesta por la Procuraduría Fiscal en Arica ante el Juzgado de Garantía de la ciudad, incluye además al receptor judicial Luis Bardi y al cartógrafo Carlos Falcon. A estos profesionales se les imputan los delitos de soborno y presentación de prueba falsa en juicio, en un caso que involucra un loteo irregular en el Valle de Lluta.
Según la investigación del Ministerio Público, los imputados se habrían coordinado con el magistrado Quiroz para obtener una resolución judicial favorable. Dicha resolución buscaba permitir la inscripción de un plano de subdivisión de un predio agrícola perteneciente a la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos Limitada, en el Valle de Lluta.
La inscripción de este plano había sido previamente rechazada tanto por el Conservador de Bienes Raíces como por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), debido al incumplimiento de los requisitos legales exigidos. Esta situación revela una red de corrupción que facilitó la elusión de normativas urbanísticas.
De hecho, el propio juez Quiroz había rechazado la solicitud de inscripción de la subdivisión del terreno agrícola en dos ocasiones previas a los hechos querellados. Desde el CDE enfatizaron la «evidente gravedad» del caso, pues una resolución judicial, obtenida mediante el pago de dinero, permitió una inscripción irregular en el Conservador de Bienes Raíces.
El CDE complementó que la actuación del tribunal fue «claramente improcedente» al validar un loteo irregular que contraviene la Ley General de Urbanismo. La inspección personal que realizó el juez, en este contexto, omitió las irregularidades.
Los antecedentes analizados por la entidad querellante confirman las coordinaciones previas entre las partes involucradas. La institución estatal determinó la existencia de un «acuerdo motivado por el soborno» entre el perito, el solicitante y el juez para lograr el resultado judicial deseado.
El proceso irregular incluyó la alteración de elementos probatorios en la causa tramitada en el juzgado de letras, según lo expuesto por el CDE. Los implicados lograron su cometido aportando prueba falsa en juicio y falsificando la inspección personal realizada.
Esta resolución, conseguida mediante actos ilícitos, permitió sortear las negativas impuestas por las autoridades administrativas y registrales. Las normativas vigentes prohibían la inscripción solicitada por contravenir la legislación de urbanismo. La investigación del Ministerio Público continúa para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la responsabilidad de cada querellado.
