La discusión sobre las falencias del programa Becas Chile ha tomado un nuevo rumbo tras la intervención de la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICH). Si bien concuerdan con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control, la SICH discrepa sobre el foco principal del problema.
La organización sostiene que el verdadero desafío no es solo fiscalizar el incumplimiento de algunos beneficiarios o exigir su retorno al país, sino asegurar que el conocimiento financiado con recursos públicos se traduzca efectivamente en desarrollo para Chile. Esta postura surge luego de que la ministra revelara 1.666 becarios con incumplimientos por cerca de $92 mil millones y admitiera que el Estado no tiene un registro del retorno de los más de $960 mil millones invertidos.
La SICH, una organización civil sin fines de lucro que agrupa a investigadores chilenos con formación internacional, enfatiza que “retorno no es retribución”. Para ellos, el sistema actual de Becas Chile mide el cumplimiento basándose únicamente en el regreso físico al país, sin evaluar si el conocimiento adquirido contribuye realmente. Afirman que, bajo el Decreto Supremo N° 664, la obligación se satisface con la mera presencia territorial, permitiendo que un becario cumpla formalmente aun estando desempleado o trabajando fuera de su especialidad.
“El sistema mide dónde está el cuerpo del becario, no qué hace su trabajo por el país”, señala la declaración de la SICH.
Como ejemplo, la organización expone que un investigador puede cumplir la beca regresando a Chile y quedando desempleado, mientras que otro que permanezca en el extranjero liderando proyectos sobre Chile, publicando con instituciones nacionales, formando estudiantes chilenos o consiguiendo financiamiento internacional, podría ser considerado incumplidor. Este diseño, según la SICH, responde a una visión anticuada que privilegiaba evitar la “fuga de cerebros”, cuando hoy la tendencia internacional habla de “circulación de cerebros” y la colaboración global.
Además, la SICH coincide con la ministra en la falta de información estatal para medir el retorno de la inversión, un problema presente desde el origen del programa. Aseguran que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) jamás ha cuantificado la contribución de los becarios una vez finalizada su formación. Por ello, critican que el debate se centre en la deuda de los incumplidores sin conocer el aporte de quienes sí regresaron.
“No se puede calcular cuánto costaría al Estado que las personas no retornen, si no se sabe el valor de la retribución que sí se produce. Sin ese dato crítico, la conclusión de pérdida no es un hallazgo de auditoría, sino una hipótesis que no se puede probar con la evidencia disponible”, señala la SICH.
Finalmente, la SICH aclara que la cifra de 1.666 incumplidores no significa necesariamente que todos permanezcan fuera de Chile, dado que la propia autoridad ha reconocido las deficiencias en el seguimiento. La discusión sobre el programa Becas Chile
