En las vísperas de las elecciones internas del Frente Amplio, el fallecido expresidente Sebastián Piñera ha irrumpido de manera insólita en el centro del debate partidario. Este hecho, tan desopilante como revelador, ha transformado al líder de la derecha tradicional en la manzana de la discordia del progresismo gobernante.
La lista opositora, encabezada por la diputada Gael Yeomans, no halló mejor recurso que enrostrarle a la actual presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, una supuesta “adhesión al piñerismo”. El motivo de esta imputación es el reconocimiento de Martínez a Piñera como un actor de convicciones democráticas, lo que ha encendido las alarmas en el sector opositor.
La maniobra política de Yeomans, que algunos interpretan como un intento desesperado por revertir una posible derrota aplastante en las urnas internas, recuerda a los boxeadores que, abajo en las tarjetas, lanzan manotazos al aire con la esperanza de un nocaut milagroso. Sin embargo, enarbolar el estigma del “piñerismo” como una acusación infamante no es más que tropezar repetidamente con la misma piedra doctrinaria.
Esta táctica repite un error infantil que el propio partido prometió haber superado. Es el mismo tipo de acercamiento que la diputada Gael Yeomans, en una entrevista a un medio de línea editorial de derecha, intentó tácticamente con el Partido Socialista.
Para hacer memoria y no caer en la caricatura conveniente, es crucial recordar el contexto: en el acto solemne del funeral de Estado del expresidente Piñera, el propio presidente Gabriel Boric recalcó con nitidez su vocación democrática. Y guste o no a la ortodoxia militante, los hechos respaldan esa afirmación.
A lo largo de toda su trayectoria, Sebastián Piñera guardó una distancia inequívoca con el autoritarismo militar, lo que en su momento le valió feroces reproches, sospechas y operaciones de pasillo dentro de su propio sector. Gobernó el país en dos oportunidades no por un golpe de mano, sino porque ganó impecablemente en las urnas.
Peor aún es la amnesia selectiva al considerar la prueba de fuego de nuestra historia reciente: el estallido social. En la hora más amarga, cuando sobre la mesa presidencial reposaba la tentación facilista y autoritaria de decretar un Estado de Excepción reforzado y responder con la fuerza brutal del Estado, Piñera prefirió encauzar la crisis mediante el acuerdo institucional para una nueva Constitución. Esta decisión evitó un baño de sangre y una escalada impredecible en la crisis de octubre de 2019.
Aquel célebre “Acuerdo por la Paz” fue suscrito por casi todas las fuerzas políticas, con la vergonzosa excepción de Convergencia Social. De hecho, el entonces diputado Boric tuvo que estampillar su firma a título personal, desafiando el dogma sectario de sus propios compañeros. Ese acto de verdadera templanza y madurez política no solo salvó la paz social, sino que fue la piedra angular que pavimentó su propio camino hacia La Moneda.
Como la advertencia de Odiseo en la Odisea, donde “infeliz es aquel que olvida el camino recorrido y culpa a los dioses de sus propios yerros”, algunos parecieran condenados a vagar sin rumbo si insisten en renegar de los hitos que consolidaron su propia llegada al poder. Desde el pragmatismo frío, para Piñera era incomparablemente más cómodo optar por la mano dura y traspasarle la culpa a la izquierda, replicando a ciertos intelectuales de derecha que hasta hoy responsabilizan a Allende y a la Unidad Popular por el Golpe de Estado de 1973.
