El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló que la Administración del presidente Donald Trump implemente un sistema de recopilación de datos de ciudadanía. Esta herramienta busca identificar votantes no ciudadanos de cara a las próximas elecciones legislativas, lo que representa una victoria para el mandatario.
La decisión judicial permite que el sistema se utilice en los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre, donde el Partido Republicano se juega el control del Congreso. La plataforma en línea combina bases de datos sobre ciudadanía, números de la Seguridad Social y otra información confidencial de millones de estadounidenses.
Grupos defensores del voto y miembros del Partido Demócrata expresaron su preocupación, temiendo que esta medida pueda resultar en la exclusión de un gran número de votantes legítimos de las elecciones.
El Tribunal Supremo se pronunció de emergencia y consideró que “el Gobierno Federal tiene la obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes”.
Los tres jueces liberales del tribunal, liderados por la magistrada Ketanji Brown Jackson, votaron en contra de la medida. Jackson argumentó que “el daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el daño inexistente que experimenta el Gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad”. Fue respaldada por las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
La resolución del Supremo tendrá un impacto directo en los litigios que actualmente se desarrollan en tribunales inferiores y que abordan la reforma electoral impulsada por la Administración Trump. Esta determinación judicial se produce poco después de que los mismos magistrados rechazaran un plan gubernamental para que el Servicio Postal examinara las papeletas de voto por correo.
