Un exasesor de la senadora Camila Flores Oporto, Julio Lillo Catalán, presentó una querella criminal en su contra por el delito de exacciones ilegales. La acción judicial se enmarca en la investigación conocida como “la cuota Flores”, que apunta al cobro de una fracción de los sueldos del personal de apoyo legislativo.
El libelo fue ingresado ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el cual lo acogió a trámite este martes, sumándose a la pesquisa por fraude al fisco que ya lidera la Fiscalía Regional de Valparaíso. Este nuevo antecedente judicial complica la situación de la parlamentaria, cuya oficina en el Senado ya había sido allanada previamente.
Según la Unidad de Investigación de Bío Bío, Lillo Catalán, de profesión relacionador público, fue clave en la investigación inicial al declarar como testigo. En su testimonio, destapó el mecanismo por el cual la entonces diputada le habría cobrado “la cuota” desde que recibió su primer sueldo con fondos públicos en 2019.
“En la oficina parlamentaria estando nuevamente los dos solos, Camila Flores me dijo que tiene muchos gastos, y en una actitud de amigos me manifiesta que está complicada y que necesita que yo le reembolse del sueldo una cantidad determinada. Me señaló que esto sería solo temporalmente hasta que ella se ordenara y que luego se iba a volver al sueldo previamente acordado, lo que nunca ocurrió”, desclasificó el propio Lillo en su declaración ante el Ministerio Público, consigna T13.
Fuentes cercanas a la indagatoria detallan que el esquema de la “cuota Flores” buscaba solventar gastos personales de la senadora, incluyendo el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la compra de un vehículo.
Lillo relató que en varias ocasiones debió retirar dinero de emergencia en efectivo para entregárselo directamente a Flores. “Ese dinero ella lo toma y lo guarda en su cartera”, afirmó. Este testimonio ha sido crucial para la fiscalía, facilitando la gestión de medidas intrusivas contra la parlamentaria.
En mayo de este año, personal del OS9 de Carabineros allanó la oficina de la senadora en el Congreso Nacional, incautando dos computadores y un archivador con carpetas. Se espera que esta nueva querella sea agrupada con la investigación original, unificando ambas causas.
Al ser contactado por BBCL Investiga, el entorno de la senadora optó por no emitir declaraciones sobre esta nueva acción judicial.
