La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en evidencia deficiencias en la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, aprobada en 2021 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Un informe de auditoría reciente, el N° 129 de 2026, señala que la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) no realizaron las gestiones adecuadas para la promoción y difusión de los programas contenidos en dicha estrategia.
La fiscalización, llevada a cabo por el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación de la CGR, examinó la ejecución, contrataciones, pagos, viáticos, coordinación interinstitucional y el cumplimiento de las actividades comprometidas para el periodo 2021-2030. Una de las principales observaciones indica que la cartera de Medio Ambiente “no acreditó contar con procedimientos, lineamientos o directrices para monitorear el avance de las acciones comprometidas”.
“Como consecuencia, a marzo de 2026 no disponía de información sistematizada sobre el cumplimiento de los objetivos, situación que podría afectar la planificación, el control y la toma de decisiones en esta materia”, explicaron desde el ente fiscalizador.
Ante esta situación, la Contraloría ha instruido a las subsecretarías involucradas a adoptar, en un plazo de 60 días hábiles, medidas que permitan fortalecer “la planificación, supervisión y seguimiento de las actividades contenidas en el Plan de Acción de la Estrategia”.
Específicamente, se ha solicitado a la Subsecretaría del Medio Ambiente que remita los procedimientos y directrices para el seguimiento de las acciones del Plan de Acción. Además, deberá informar las coordinaciones realizadas y la planificación para ejecutar las actividades pendientes.
Por su parte, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y reportar los avances asociados al cumplimiento de las acciones programadas para el año 2026. La auditoría también detectó observaciones en procesos de pago relacionados con actividades de difusión y capacitación. En respuesta, la Subsecretaría del Medio Ambiente deberá ajustar sus procedimientos, fortalecer los mecanismos de control y acreditar la incorporación de los antecedentes faltantes en los expedientes respectivos.
