La Fundación Hijos y Madres del Silencio manifestó su profunda preocupación e indignación tras la decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de finalizar la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Esta instancia especializada había sido formalmente creada hace apenas cuatro meses, según reveló BioBioChile.
El cierre de UBAFI se produce de manera simultánea a la entrega de un informe final del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega. Este documento, que supera las 750 páginas, dedica un capítulo completo al caso chileno.
La agrupación detalló que el informe noruego documenta que, entre 1985 y 2016, un total de 314 niños y niñas chilenos fueron enviados a Noruega. La mayoría eran recién nacidos y de origen mapuche, y sus trámites se gestionaron principalmente a través del juzgado de menores de Temuco.
La fundación subrayó un fuerte contraste: mientras un país receptor como Noruega reconoce institucionalmente los errores de su Estado en estos procesos, Chile desmantela la única unidad especializada para investigar lo ocurrido y asistir a las familias en su reencuentro.
El comité noruego concluyó de manera categórica que “no fue apropiado conceder la autorización para la mediación a Chile en ese momento”, debido a que el país estaba bajo dictadura militar y las autoridades noruegas tenían conocimiento de esta situación.
El informe describe patrones que la Fundación Hijos y Madres del Silencio ha documentado por años a través de testimonios directos de las madres. Muchas de estas mujeres fueron informadas de que sus hijos habían nacido muertos, sin que se les entregara un cuerpo o un certificado de defunción verificable.
Además, el documento noruego menciona resoluciones judiciales que describían a estas madres —mayoritariamente pobres, jóvenes e indígenas— con un lenguaje despectivo, atribuyendo su situación a un supuesto “atraso social y cultural”.
Se reveló también un hecho hasta ahora desconocido públicamente: el representante legal que gestionaba las adopciones desde Chile hacia Noruega, quien percibía hasta mil dólares por cada niño enviado al extranjero, otorgó un préstamo personal a la misma jueza encargada de decidir qué niños eran declarados adoptables y a qué familia se les entregaba. El propio comité noruego calificó esta situación como un riesgo real de corrupción en el proceso.
La organización advirtió que la decisión de cerrar UBAFI no es una casualidad. Se interpreta como una señal preocupante sobre las prioridades del Estado chileno, especialmente cuando en Europa diversos países están comenzando a asumir su responsabilidad histórica en estos dolorosos capítulos.
Fundación acusa incumplimiento legal del Estado
La Fundación Hijos y Madres del Silencio enfatizó que la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares no fue creada como un gesto discrecional del Estado, sino que responde a un mandato legal explícito. Este mandato fue establecido por la Ley de Reajuste del Sector Público 2026, la cual obliga a la Subsecretaría de Derechos Humanos a desarrollar investigaciones administrativas cuando el Poder Judicial lo requiera, junto con acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas. Esta obligación constituye, añadió la organización, la vía institucional para dar cumplimiento al derecho a la identidad reconocido en los convenios y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
