El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella por un presunto caso de tortura con connotación sexual que involucra a un funcionario de Carabineros en Copiapó. La acción judicial, ingresada el pasado 23 de junio, detalla hechos ocurridos el 11 de mayo, cuando una mujer fue detenida por una denuncia de violencia intrafamiliar y trasladada al Hospital Regional de Copiapó para constatar lesiones.
Según explicó Jorge Puelles, abogado regional del INDH, en entrevista con Atacama Noticias, durante la constatación de lesiones, uno de los policías habría incurrido en conductas que, a juicio del organismo, vulneraron gravemente la integridad de la víctima. El funcionario habría llevado a la mujer a una sala contigua al área de urgencias, solicitado las llaves del recinto y le indicó que debía desvestirse para el procedimiento.
“El funcionario la traslada a una sala ubicada junto al área de urgencias, solicita las llaves del recinto y le indica que debe quitarse la ropa para efectuar la constatación de lesiones”
A pesar de que la mujer se negó, manifestando vergüenza y el estado emocional en el que se encontraba tras su detención, la querella detalla que el uniformado habría sacado un teléfono celular de uso personal, cerrado las cortinas y tomado fotografías mientras efectuaba palpaciones en distintas partes del cuerpo de la víctima.
Los hechos denunciados no terminaron allí. El representante del INDH añadió que, una vez la mujer fue trasladada a la Segunda Comisaría de Copiapó, el mismo carabinero habría obtenido su número de teléfono, utilizando datos recopilados durante el procedimiento. Posteriormente, comenzó a contactarla de forma insistente para proponerle encuentros fuera del ámbito institucional.
“Le dice que podía ofrecerle ayuda y protección y, más adelante, la invita a sostener una conversación más informal para conocerse mejor”
Con estos antecedentes, el INDH decidió querellarse por el delito de tortura con agresión sexual, invocando el artículo 150 A del Código Penal, además de los tratados internacionales que obligan al Estado de Chile a prevenir y sancionar actos de tortura y violencia contra las mujeres.
El organismo espera que la investigación avance con todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y, de acreditarse las denuncias, se determinen las responsabilidades penales correspondientes, buscando justicia para la víctima y sentando un precedente en la lucha contra estos graves delitos.
