La Subsecretaría de Derechos Humanos, liderada por Pablo Mira, puso fin a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Esta unidad, creada formalmente en febrero de este año, tenía como misión investigar las adopciones irregulares y forzadas ocurridas durante décadas en Chile, un proceso que buscaba sanar uno de los capítulos más dolorosos y menos resueltos de la historia reciente del país.
La decisión de dejar sin efecto la resolución que la creó fue plasmada en un documento firmado el pasado 22 de junio. Los tres profesionales que integraban el equipo fueron notificados esta semana de que sus labores cesarían el 30 de junio, desvinculándolos de la Subsecretaría y desmantelando la unidad antes de cumplir siquiera medio año de existencia, pese a haber nacido de un mandato legal explícito.
Aunque formalmente establecida en febrero, la historia de esta oficina comenzó en 2023. En ese entonces, la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia comenzó a recibir las primeras solicitudes y antecedentes sobre adopciones ilegales, provenientes de organizaciones y embajadas chilenas en el extranjero. Funcionaba como una «ventanilla institucional» para una problemática que llevaba décadas sin una respuesta estatal concreta.
El impulso definitivo para una respuesta institucional llegó con la creación de una mesa interinstitucional en 2024, que recomendó formalmente la creación de una unidad especializada. Además, la Ley de Reajuste del Sector Público para 2026 incorporó dos artículos clave que sentaron las bases para la UBAFI. Uno de ellos instruyó al Servicio Médico Legal (SML) para establecer un Banco de Huellas Genéticas, vital para las búsquedas de origen y reunificación familiar.
El otro artículo estableció que la Subsecretaría de Derechos Humanos debía encargarse de realizar investigaciones administrativas solicitadas por los tribunales, además de proporcionar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas. Este marco legal explicitó, por primera vez, un mandato claro para el Estado. La UBAFI nació en respuesta a esta necesidad, con la misión de realizar búsqueda documental, análisis genético, coordinación internacional, y apoyo integral a las víctimas.
Sin embargo, el proyecto tuvo una duración limitada. Según fuentes internas consultadas, las iniciativas y requerimientos de la unidad comenzaron a ser ignorados progresivamente por el gabinete de la Subsecretaría. Entre las propuestas pendientes se encontraban reuniones con el SML y el Poder Judicial, consideradas esenciales para la implementación del sistema de búsquedas y la puesta en marcha del Banco de Huellas Genéticas. Dichas reuniones nunca se concretaron.
Ananías Reyes, quien hasta ayer era el encargado de la unidad, lamentó la decisión. Para él, la medida del ministerio representa:
“un retroceso de Estado en la respuesta a víctimas que han sido particularmente postergadas y que requieren justicia”.
