La cúpula de Gendarmería abrió un sumario administrativo y suspendió a Fernando Mardones, el jefe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, reavivando la polémica en torno al traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “Comandante Ramiro”. La medida se tomó luego de que un informe elaborado por su unidad fuera decisivo para que la justicia dictaminara el regreso de Hernández Norambuena desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) a la cárcel de Rancagua.
Fuentes de Radio Bío Bío confirmaron que la decisión de suspender a Mardones se debe a que el documento fue enviado al tribunal sin haber sido revisado previamente por las jefaturas correspondientes. Este hecho motivó la instrucción de un sumario para determinar posibles responsabilidades. En medio de este proceso, el propio Mardones presentó su renuncia voluntaria, la cual se hará efectiva a partir del 1 de julio.
El exdirector nacional de Gendarmería, Claudio Martínez, expresó su respaldo a la suspensión, argumentando que es una respuesta necesaria en una institución de carácter jerárquico. Martínez enfatizó la importancia de respetar la cadena de mando en la remisión de informes a los tribunales, especialmente en un caso de alta relevancia como el de Hernández Norambuena.
Me parece correcta la decisión, porque de lo contrario significa que se desestructura la cadena de mando en una institución vital de la seguridad pública, y especialmente en este caso de Mauricio Hernández Norambuena.
Desde la organización 81 Razones para Luchar, se manifestaron en total desacuerdo, calificando la suspensión de Mardones como una represalia directa. Su vocero, César Pizarro, aseguró que el funcionario actuó dentro de sus atribuciones al responder a un requerimiento judicial y que el sumario busca castigar las conclusiones del informe del Departamento de Derechos Humanos.
Y eso es lo que querían aplicarle al Comandante Ramiro, el régimen del REPAS, donde están 23 horas del día encerrados por una hora de patio. Y están desvinculando a una persona porque hizo un informe judicial, nada ilegal frente a la ley.
El informe en cuestión concluía que mantener a Hernández Norambuena en el REPAS podía constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, considerando su edad, estado de salud y las condiciones específicas de reclusión. Estos antecedentes fueron clave para que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revocara su traslado al recinto de alta seguridad y ordenara su regreso a la prisión de Rancagua.
Paralelamente, el sumario administrativo continuará su curso para determinar si el procedimiento de elaboración y envío del informe se ajustó plenamente a la normativa interna de Gendarmería, manteniendo la expectación sobre las futuras implicancias de esta decisión en la institución.
