El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió un decreto ejecutivo que autoriza el despliegue de militares extranjeros en territorio nacional con el objetivo de ejecutar acciones conjuntas contra las organizaciones delictivas. La medida contempla otorgarles inmunidad internacional en el marco del conflicto armado interno que el Ejecutivo mantiene declarado contra la delincuencia organizada.
A través de un video oficial difundido en redes sociales, el mandatario ecuatoriano precisó que los uniformados de naciones aliadas operarán en las zonas más afectadas por la violencia de la mano con el bloque de seguridad local. «A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad», expresó Daniel Noboa.
«Desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo.»
El gobernante detalló que esta disposición es el resultado de meses de planificación conjunta, destacando en especial el último encuentro de trabajo sostenido en las instalaciones del Pentágono, en Estados Unidos. Cabe señalar que hasta el momento Ecuador recibe cooperación en inteligencia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, pero carecía de tropas extranjeras operando directamente sobre el terreno.
De acuerdo con el documento oficial, el Estado ecuatoriano acudirá a esta asistencia externa para contener y desactivar las amenazas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. El texto del decreto establece explícitamente que el personal extranjero que actúe bajo este marco gozará de inmunidad de conformidad con los convenios y tratados internacionales suscritos por el país.
Adicionalmente, el decreto faculta a Daniel Noboa para otorgar indultos, rebajas o conmutaciones de penas a favor de militares, policías y civiles nacionales involucrados en los operativos de defensa del Estado. Asimismo, el mandatario extendió un exhorto formal a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías a los miembros de la fuerza pública y ciudadanos que intervengan en estas operaciones.
Este nuevo despliegue militar coincide con la imposición de un nuevo estado de excepción por un lapso de sesenta días en diez provincias y tres cantones. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos mantienen las alertas encendidas. De hecho, la organización Amnistía Internacional ha reportado que la Fiscalía ecuatoriana contabiliza cerca de 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde el inicio de la gestión de Noboa a finales de 2023.
Uno de los antecedentes más severos involucra la detención irregular de cuatro menores afrodescendientes en Guayaquil durante diciembre de 2024. Los jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 11 y 15 años, fueron encontrados posteriormente calcinados y con impactos de bala en inmediaciones de un recinto militar, un caso que derivó en la condena de los uniformados implicados con penas de hasta 34 años de prisión.
El debate sobre la militarización se agudiza ante la falta de resultados definitivos en la reducción de la criminalidad. A pesar de los constantes estados de excepción decretados durante los últimos años, Ecuador cerró el periodo de 2025 con un preocupante récord histórico de 9.281 homicidios, lo que equivale a una tasa superior a las 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, posicionándose como una de las cifras más críticas de toda la región latinoamericana.
