Traficante de fentanilo con pensión de gracia: las brutales amenazas

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El historial de un beneficiario bajo la lupa

Benjamín Huerta Escobar, un hombre de 29 años, se encuentra en el centro de la polémica tras ser arrestado por el delito de tráfico de fentanilo. El sujeto, quien hasta enero de este año recibía una pensión de gracia otorgada en el marco del estallido social del 18-O, fue aprehendido el pasado viernes tras un operativo policial que permitió retirar de circulación cerca de medio centenar de ampollas de esta potente droga sintética.

Además de la incautación de las dosis de fentanilo, el procedimiento permitió el decomiso de dos frascos de remifentanilo, 47 gramos de marihuana elaborada y más de $1.100.000 en dinero en efectivo, monto que estaría vinculado a la comercialización ilícita de sustancias. El beneficio estatal que percibía desde 2022 se originó tras resultar herido por un disparo del capitán de Carabineros Hugo Navarro, quien posteriormente fue condenado a seis años de cárcel. Ante los hechos, el Gobierno confirmó la revocación de la pensión en enero.

Un espiral de violencia y amenazas de muerte

El caso no solo destaca por el tráfico de drogas, sino por las graves denuncias de violencia de género interpuestas por dos exparejas. Según reportes de T13, la primera alerta ocurrió en diciembre de 2023, cuando el individuo amenazó de muerte a una mujer mediante una llamada telefónica. Pese a la denuncia inmediata, la investigación no se ejecutó en el momento.

La situación escaló durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2024, cuando Huerta Escobar dirigió amedrentamientos severos hacia otra expareja. Las pruebas presentadas por la víctima detallan mensajes cargados de violencia extrema, presuntamente potenciados por su consumo recurrente de drogas:

«Lo voy a matar cuando lo vea, lo voy a matar, vo no volvai, voy a mi casa yo, ojalá llegue tu papá allá, lo estaré esperando al viejo bastardo, si no te pronuncias, aquí pagará tu papá, mataré a tu papá».

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades gubernamentales han señalado que mantienen una revisión exhaustiva de todos los casos de pensiones de gracia vigentes, buscando evitar que los beneficios sean utilizados por personas involucradas en actividades delictivas.

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