En el marco del reciente comité político, la UDI presentó una propuesta formal al Gobierno para endurecer el futuro Registro Único de Vándalos e Incivilidades. La colectividad busca que este mecanismo no solo sancione delitos genéricos, sino que se enfoque en la denominada primera línea civil, un sector que, a juicio del gremialismo, se encuentra actualmente en un vacío de protección frente a agresiones constantes.
¿Qué conductas busca sancionar la UDI?
El partido opositor propone integrar en este registro a quienes agredan a funcionarios policiales y de la salud, a los denominados overoles blancos, así como a los responsables de incendiar el transporte público. Según explicaron desde la UDI, la intención no es duplicar las penas del Código Penal, sino establecer consecuencias administrativas reales ante hechos que actualmente quedan impunes o como simples faltas sin efectos concretos.
La propuesta pone especial énfasis en el personal de salud pública, abarcando desde médicos y enfermeras hasta personal administrativo de CESFAM, SAPU, hospitales y SAMU. El gremialismo sostiene que este personal es víctima recurrente de violencia verbal y física, subrayando que hoy una amenaza en un recinto asistencial a las 3 de la mañana rara vez termina en una sanción efectiva.
Protección a inspectores y personal municipal
Otro foco de la solicitud apunta a la policía local e inspectores municipales, incluyendo a trabajadores de fiscalización, tránsito y control de ruidos molestos. Pese a que la Ley de Seguridad Municipal establece agravantes, la bancada liderada por la diputada Flor Weisse asegura que en la práctica los casos se archivan, por lo que el nuevo registro actuaría como una herramienta administrativa disuasiva.
La legisladora Flor Weisse declaró: «Son situaciones que no podemos permitir en Chile y no pueden ser gratis. Y por eso tienen que tener la consecuencia de perder beneficios sociales durante un tiempo, que puede ser de 2 a 5 años».
Estado actual de la iniciativa
El proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades fue ingresado con suma urgencia y dado a cuenta este lunes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La propuesta legislativa contempla sanciones que implican la pérdida de beneficios sociales por periodos de entre 1 y 5 años.
Por su parte, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, insistió en que el Ejecutivo debe priorizar el rigor contra quienes violentan a trabajadores sanitarios. No obstante, el trámite legislativo enfrenta desafíos, ya que la oposición ha realizado una reserva de constitucionalidad, argumentando que existe una escasa diferenciación entre la gravedad de las conductas y las sanciones propuestas por el Gobierno. Se espera que el debate parlamentario se intensifique durante las próximas sesiones para definir los alcances definitivos del registro.
