La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso dio inicio este lunes a la notificación formal de desalojo que afectará a 156 familias residentes del denominado primer polígono de intervención 1A en la megatoma del cerro Centinela, ubicada en la comuna de San Antonio. El procedimiento, que responde al cumplimiento de una orden judicial para la restitución del terreno, tiene como fecha límite de ejecución el próximo 30 de junio.
La notificación fue realizada puerta a puerta por el equipo jurídico encargado de la gestión, contando con la presencia de un ministro de fe para dar validez al acto administrativo. Según se informó, tras concretarse la salida en el polígono 1A, el proceso continuará en el sector 2A, donde se llevará a cabo un procedimiento idéntico de identificación y notificación de los ocupantes.
Medidas de apoyo y postura de los afectados
Frente a este escenario, las autoridades han diseñado un plan de apoyo social enfocado en grupos vulnerables, tales como adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. Para aquellas familias que no posean una solución habitacional alternativa, se ha dispuesto el acceso a albergues municipales y del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales ofrecerán alojamiento, alimentación y abrigo por un periodo máximo de 30 días. Además, se comunicó que se implementarán protocolos para proteger la continuidad educativa y alimentaria de los menores de edad involucrados.
Sin embargo, la versión oficial es cuestionada por la organización local. Verónica Morales, presidenta de la Cooperativa Nuevo Futuro, negó enfáticamente que haya existido un acercamiento previo entre las autoridades y los residentes. Además, la dirigente criticó la falta de soluciones definitivas para los afectados:
A las familias de la ocupación irregular no se les está entregando ningún subsidio habitacional.
Despliegue operativo y consecuencias
El operativo contará con un contingente de más de 120 efectivos policiales trasladados desde Santiago, junto a funcionarios municipales y equipos del Ministerio de Desarrollo Social. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, instó a los ocupantes a realizar el retiro voluntario antes de la fecha establecida, permitiéndoles desmontar o trasladar sus propias estructuras y bienes personales.
La situación es crítica: de no verificarse el abandono voluntario de los inmuebles, el 30 de junio se procederá con la fuerza pública. Una vez finalizado el desalojo, será el propietario del terreno quien determine si las estructuras existentes serán conservadas, retiradas o demolidas. Por ahora, las familias enfrentan la incertidumbre de abandonar el lugar mientras se mantiene la tensión con las autoridades respecto a la falta de subsidios habitacionales.
