La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió este lunes, con suma urgencia, el proyecto que busca crear el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. La propuesta, piedra angular de la estrategia de seguridad del presidente José Antonio Kast, contempla sanciones que privan de beneficios sociales a los infractores por periodos de entre 1 y 5 años.
Detalles y sanciones del proyecto
Aunque el texto no tipifica nuevos delitos, intensifica las penas para conductas como rayados en espacios públicos y agresiones a funcionarios, incluyendo fiscales y Carabineros. El sistema, que sería administrado por el Registro Civil y financiado por el Ministerio de Hacienda, funcionaría de manera similar a la solicitud de antecedentes personales.
Respecto a la duración de las inscripciones, los actos vandálicos comunes implican un registro inicial de 5 años, reduciéndose a 2 años para menores de edad. En casos de reincidencia, la sanción se extiende un año adicional. Para otras incivilidades, la inscripción parte en un año, subiendo a dos años en la primera reincidencia y a tres años en las siguientes.
Debate político y críticas a la constitucionalidad
La oposición presentó una reserva de constitucionalidad, argumentando que existe una preocupante falta de diferenciación en la severidad de las sanciones. El diputado Luis Cuello (PC) criticó que el proyecto castigue de forma idéntica faltas menores y crímenes graves:
Se trata de una forma idéntica a conductas tales como, por ejemplo, el homicidio de un fiscal, el homicidio de un carabinero, y tiene un igual tratamiento que rayar una pared o que montar una lotería.
Entre las conductas que derivarían en el registro se incluye la venta de alimentos sin permiso, viajar sin pagar el transporte público y organizar rifas o loterías no autorizadas. El jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, advirtió sobre el impacto en organizaciones sociales que utilizan estos sorteos para autofinanciarse.
¿Qué pasará con la tramitación?
Al ser consultado por los detalles técnicos y posibles incongruencias en las penas, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, declinó realizar declaraciones y derivó la vocería al subsecretario Pavez. Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), fue enfática al señalar que la iniciativa será ley y llamó a la oposición a alinearse con la idea matriz impulsada por el Ejecutivo.
Mientras tanto, sectores como el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) insisten en revisar las sanciones para asegurar equidad social. El futuro del proyecto sigue en discusión parlamentaria, manteniendo la incertidumbre sobre cómo se aplicarán estos castigos sin afectar desproporcionadamente a sectores específicos de la clase media.
