Un error crítico en las proyecciones fiscales
Tras dos postergaciones, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) presentaron el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre. Este documento marca el debut de la administración de José Antonio Kast en la materia y ha generado un fuerte impacto político debido al hallazgo de errores aritméticos y serias inconsistencias en las proyecciones de deuda bruta del Gobierno Central para el periodo 2026-2030.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, confirmaron que los errores tienen su origen en el IFP del cuarto trimestre del año pasado, publicado originalmente en febrero. Ese informe fue el último elaborado bajo la gestión del entonces ministro Nicolás Grau y su directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
Impacto de US$ 10.500 millones en las arcas fiscales
El hallazgo principal es que el nivel de deuda pública previsto para el horizonte de mediano plazo estaba subestimado en cerca de US$ 10.500 millones, cifra equivalente a aproximadamente tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) o unos $ 9.559.289 millones. Esta diferencia altera drásticamente la trayectoria fiscal proyectada originalmente por la administración anterior.
El informe señala que, con los datos corregidos, la trayectoria de deuda es significativamente más elevada. De acuerdo con el documento, el país superaría el tope prudente del 45% del PIB hacia el año 2028, alcanzando niveles cercanos al 46% del PIB al finalizar el horizonte de proyección hacia 2030.
Investigación y antecedentes previos
Para contextualizar, el IFP del cuarto trimestre proyectaba que la deuda llegaría al 42% del PIB en diciembre de este año, recordando que al cierre de diciembre de 2025, dicho ratio se situó en el 41,7% del tamaño de la economía nacional.
Ante la gravedad de los errores detectados, el ministro Jorge Quiroz anunció formalmente el inicio de una investigación exhaustiva. El objetivo es determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en la elaboración de los cálculos erróneos, proceso que podría derivar en la apertura de un sumario administrativo interno dentro de la cartera de Hacienda.
