El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, marcó un duro contraste con el expresidente Gabriel Boric respecto a la gestión de cobranza y embargos a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). El secretario de Estado sostuvo que, por motivos que desconoce, al exmandatario “no le gusta que se paguen las deudas”, enfatizando que los compromisos financieros deben honrarse según la capacidad de cada persona.
En declaraciones recogidas por Diario Financiero, Quiroz recalcó que el proceso de recaudación aplica criterios técnicos. Ante las denuncias de embargos, el ministro precisó que existen actualmente 500 mil deudores y que, en los últimos 90 días, cerca de 30.000 personas han firmado convenios de pago de largo plazo de manera voluntaria.
Cifras detrás de los embargos y la postura gubernamental
Sobre las acciones legales, el jefe de las arcas fiscales detalló que el número de personas embargadas alcanza a 1.500 individuos. De este grupo, el ministro hizo hincapié en que 500 personas registran ingresos mensuales superiores a los $5 millones, desestimando que la medida afecte exclusivamente a sectores vulnerables.
Por su parte, el expresidente Gabriel Boric había cuestionado previamente la estrategia, señalando en la red social X que el sistema genera “crisis en las economías familiares”. El exjefe de Estado apuntó a que:
“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”.
Boric también criticó el “vaciado intempestivo” de cuentas corrientes y cuestionó a quienes apoyan estos embargos mientras votaron en contra de permitir el levantamiento del secreto bancario, lo cual, a su juicio, era una herramienta clave para una reforma integral.
Revisión de criterios y futuro del proceso
Consultado sobre los inconvenientes operativos, Quiroz admitió que el uso de la declaración de renta 2025 —que se basa en los ingresos percibidos durante el año 2024— pudo provocar distorsiones en casos donde la situación financiera de los deudores cambió drásticamente.
“Pudiese ser que después de eso una persona haya perdido su trabajo y por eso el llamado es acercarse a conversar a la Tesorería”, señaló el ministro. Con esta invitación a la regularización, el Gobierno mantiene vigente la política de cobranza, mientras crece la expectativa sobre si se abrirán nuevas instancias de diálogo legislativo para evitar medidas de fuerza ante un sistema de financiamiento universitario que sigue generando tensiones políticas y sociales.
