La disputa judicial por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella escaló un nuevo nivel. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la reciente admisibilidad de la querella criminal interpuesta por el municipio contra la diputada Irací Hassler, asegurando que su administración tiene la obligación legal de investigar debido a un informe de la Contraloría General de la República que calificó como «lapidario».
La postura de Desbordes y los antecedentes de Contraloría
El 7.° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción judicial por el delito de fraude al fisco, la cual apunta contra la exalcaldesa Hassler y todos quienes resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores. Ante este escenario, el jefe comunal insistió en que su deber es poner los antecedentes en manos del Ministerio Público.
El informe de Contraloría es muy duro, señala que la exalcaldesa fue advertida, señala que la exalcaldesa desobedeció un documento de Contraloría que le daba ciertas instrucciones respecto de esto, que hay un sobreprecio evidente y varias cosas más.
Desbordes enfatizó que no se trata de una invención propia, sino de hallazgos del ente fiscalizador que, tras años de sumario, han determinado irregularidades graves. Según el alcalde, si la diputada considera que su actuar fue correcto, será el Ministerio Público quien deba determinar las responsabilidades penales pertinentes.
Sanciones y el historial del sumario
El proceso administrativo ha tenido un largo recorrido desde que se instruyó el sumario el 13 de abril de 2023 mediante la Resolución Exenta N.º 804. Tras más de tres años de investigación, el 14 de mayo de 2026 se dictó la resolución N.º 14499 que aprobó el proceso. El pasado 19 de mayo, el alcalde Desbordes firmó el Decreto Seccional N.º 1834, el cual oficializó sanciones que incluyeron seis destituciones, una suspensión y dos multas, según datos de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
La defensa de Hassler y el análisis legal
Por su parte, Irací Hassler rechazó la ofensiva judicial señalando que el caso ya fue resuelto por la justicia. La diputada argumentó que tras una investigación de más de dos años, la causa concluyó con un sobreseimiento al determinarse que los hechos no constituían delito. En la misma línea, el abogado Nelson Salas, quien representó al dueño de la propiedad, Felipe Sánchez, detalló una particularidad procesal: mientras su cliente fue sobreseído el 26 de mayo de 2025 tras la solicitud de no perseverar del fiscal Patricio Cooper, la defensa de Hassler no solicitó dicho sobreseimiento definitivo en su oportunidad, lo que permitió la actual querella nominativa.
Actualmente, el municipio de Santiago mantiene la propiedad inscrita a su nombre, mientras la causa judicial retoma fuerza en los tribunales, dejando abierta la incógnita sobre si esta nueva arista logrará superar los obstáculos procesales que enfrentó en la investigación anterior.
