La solicitud de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener permisos especiales que les permitan circular por vías exclusivas de transporte público ha generado un intenso debate en la capital. La controversia pone en el centro de la discusión los criterios para asignar estos beneficios y dónde se traza la línea divisoria entre las necesidades logísticas de un alto cargo público y la percepción de privilegios injustificados.
Actualmente, los integrantes del tribunal de alzada capitalino buscan acceder a una autorización similar a la que ya poseen el presidente, los ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema, quienes tienen permitido el uso de determinadas pistas destinadas al transporte masivo.
¿Qué opina el Poder Judicial sobre estas autorizaciones?
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que no estaba al tanto de una solicitud formal para extender este beneficio a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, la máxima autoridad judicial matizó su postura al señalar que, dadas las restricciones vehiculares en el sector de Plaza de Armas, sí resulta razonable buscar alternativas para facilitar el acceso a los estacionamientos subterráneos del Palacio de Tribunales.
Paralelamente, el Ministerio de Transportes se encuentra revisando el alcance de los permisos ya vigentes. El seremi de Transportes de la Región Metropolitana, Gonzalo Cuevas, explicó que las autorizaciones actuales de los jueces de la Corte Suprema se justifican por razones de seguridad, debido a que estos traslados se efectúan frecuentemente con escolta y en el marco de funciones oficiales estrictas.
Voces académicas advierten sobre los riesgos de imagen
La posibilidad de que este beneficio se amplíe a otras autoridades judiciales ha sido cuestionada desde el ámbito académico, donde temen un impacto negativo en la confianza ciudadana. El profesor de Derecho de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, advirtió sobre la naturaleza de las vías exclusivas:
Las vías exclusivas fueron concebidas para favorecer el transporte público y reducir los tiempos de traslado de miles de personas, por lo que extender excepciones podría generar críticas ciudadanas. Salvo que existan razones vinculadas a emergencias o seguridad pública, una medida de este tipo corre el riesgo de ser percibida como un privilegio difícil de justificar.
En una línea más crítica, el académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, planteó que este tipo de iniciativas son un reflejo de una cultura de privilegios que ha persistido históricamente en sectores de los tribunales superiores. Según el experto, este comportamiento puede erosionar la percepción pública del Poder Judicial, especialmente si se considera que la gran mayoría de los funcionarios públicos cumplen sus jornadas laborales desplazándose por medios comunes.
Por ahora, la discusión se mantiene abierta y sin una resolución definitiva por parte del Ejecutivo. El conflicto se resume en dos visiones contrapuestas: la necesidad de eficiencia y seguridad para las altas autoridades frente al principio de igualdad ante la ley que rige para el resto de los ciudadanos. ¿Se convertirán las vías exclusivas en un nuevo estándar para el escalafón judicial o prevalecerá el interés del transporte público capitalino?
