La disputa legal tras la reconstrucción en Viña del Mar
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, calificó duramente a la constructora San Sebastián tras la querella presentada en su contra por la entidad patrocinante Social Arquitectura. El conflicto se centra en las obras de reconstrucción del sector El Olivar, en la región de Valparaíso, luego del devastador megaincendio ocurrido en febrero de 2024.
La acción legal, ingresada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, también apunta contra el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, y el director subrogante del Serviu, Rodrigo Muñoz. Los denunciantes alegan abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al fisco, argumentando que fueron excluidos injustamente de los proyectos destinados a 356 familias damnificadas.
¿Qué irregularidades detectó el Minvu?
Lejos de ceder, el ministro Poduje respondió con firmeza, asegurando que el ministerio ha presentado cuatro querellas propias contra la citada empresa por los delitos de fraude al fisco, estafa y negociación incompatible, debido a vínculos irregulares con funcionarios públicos y el exdirector del Serviu.
«Esta empresa pretende que las casas falladas que nos entregaron las arreglemos, las reforcemos, cambiemos los materiales para que sean resistentes al fuego, y nosotros no vamos a entregar casas falladas parchadas o reforzadas», señaló el ministro.
Según la autoridad, la empresa construyó 150 viviendas sin los estudios estructurales necesarios. El ministro sostuvo que existen informes técnicos del IDIEM de la Universidad de Chile y de la DICTUC que confirman que la constructora alteró proyectos, utilizó materiales no certificados y vulneró normas básicas de resistencia al fuego.
Estado de la reconstrucción y futuro legal
El titular del Minvu enfatizó que ya existen sumarios administrativos contra inspectores fiscales que no cumplieron con su labor de supervisión, rechazando categóricamente que hayan existido presiones indebidas sobre los equipos técnicos. Poduje recalcó que su compromiso es entregar casas sólidas y seguras a las familias afectadas por el siniestro.
Actualmente, el proceso judicial sigue su curso en tribunales. El objetivo del Ministerio de Vivienda es lograr que la constructora devuelva los fondos públicos otorgados para estas obras, mientras se definen las responsabilidades penales de quienes pusieron en riesgo la seguridad de los damnificados con viviendas calificadas como falladas.
