Diputados del Partido Socialista (PS) presentaron el proyecto de ley “No son objetos. Son familia”, una iniciativa que busca endurecer las penas por el robo de mascotas y reconocer el vínculo emocional que estas tienen con sus familias. Esta propuesta modifica el Código Penal para establecer sanciones específicas cuando delitos como el hurto, la receptación o la apropiación indebida afecten a animales de compañía.
La iniciativa, liderada por el diputado Juan Santana y respaldada por sus colegas César Valenzuela, Carolina Cucumides, Francisco Crisóstomo y Andrea Macías, busca transformar la manera en que la legislación actual aborda estos casos. Actualmente, las sanciones se basan principalmente en el valor económico del animal, tratándolos como meros bienes patrimoniales.
“Cuando se roba una mascota, no es el valor comercial el que está en juego”, sostuvo Valenzuela, enfatizando la visión del proyecto.
Santana añadió que la propuesta busca establecer penas específicas que consideren el vínculo afectivo que las mascotas mantienen con las personas, más allá de su costo. Esta perspectiva reconoce que la sustracción de un animal de compañía no solo implica una pérdida material, sino también un daño emocional significativo para la familia.
El proyecto se fundamenta en datos que revelan la importancia de las mascotas en los hogares chilenos. En el país, se estima que existen más de 12,4 millones de perros y gatos con dueño, presentes en el 75,9% de los hogares. Además, una encuesta de 2025 indicó que el 74,4% de las personas considera a su mascota como un integrante más de su núcleo familiar.
Una excepción notable en la propuesta es la exclusión de sanción para quienes sustraigan una mascota con el objetivo de auxiliarla o impedir una situación de maltrato. Esta medida busca diferenciar claramente entre los delitos cometidos con fines ilícitos y las acciones destinadas a proteger y rescatar animales en riesgo.
Actualmente, la legislación chilena aborda la sustracción de mascotas principalmente desde una óptica patrimonial. Esto significa que la calificación y sanción de delitos como hurto, receptación o apropiación indebida están fuertemente influenciadas por el valor económico del animal, sin considerar de manera explícita el impacto en el vínculo familiar.
