Tensión por el cambio de recinto penitenciario
La familia de Mauricio Hernández Norambuena, conocido históricamente como el ‘Comandante Ramiro’, ha alzado la voz tras su reciente traslado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) en Santiago. El entorno del exfrentista denunció que la maniobra, ejecutada el pasado miércoles desde el Complejo Penitenciario de Rancagua, responde a una supuesta persecución política.
Gendarmería de Chile justificó la decisión argumentando razones de seguridad penitenciaria debido al perfil de alta connotación pública del interno, calificando el movimiento como una medida necesaria para resguardar el orden del sistema. Actualmente, Hernández Norambuena cumple dos condenas de 15 años cada una, dictadas tras su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ambos sucesos ocurridos en 1991.
Denuncian precarias condiciones y falta de aviso
Mediante un comunicado oficial, los familiares del recluso afirmaron que el traslado se efectuó de forma sorpresiva, sin proporcionar motivos formales ni previo aviso. Asimismo, aseguraron que el exfrentista fue movilizado con las prendas que vestía en ese momento, sin permitírsele acceso a sus pertenencias personales, vestimenta de invierno ni sus medicamentos esenciales.
La defensa familiar sostiene que esta medida representa un endurecimiento severo de sus condiciones carcelarias. Critican que se ignore su calidad de adulto mayor y sus patologías preexistentes al someterlo a un régimen excepcional y especial de castigo que, según señalan, contradice informes previos emitidos por organizaciones de Derechos Humanos que en 2025 desaconsejaron este cambio de centro penitenciario.
Responsabilidad directa hacia el Ejecutivo
El núcleo familiar de Hernández Norambuena calificó la acción como una «venganza y revancha de la extrema derecha». En el documento señalan explícitamente: «El Presidente Kast lo dejó claro, en forma pública, hace algunos días: es él, directamente, quien ha decidido los traslados de presos».
La declaración añade una crítica comparativa al sostener que, mientras se habilitan recintos con privilegios para violadores de derechos humanos, Mauricio es llevado a las condiciones más precarias. Por ello, concluyeron responsabilizando directamente al Presidente José Antonio Kast y al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, por cualquier vulneración a la salud o integridad física del interno.
