Los chilenos consolidan el uso de pagos digitales, aunque el efectivo mantiene su relevancia en ciertos segmentos del comercio y como respaldo. El Banco Central (BCCh), a través de la quinta edición del Informe de Sistemas de Pago (ISiP) 2026, reveló un aumento del 15% en el número de transacciones electrónicas respecto al periodo anterior.
El estudio detalla que, en promedio, cada persona mayor de 15 años realiza 435 pagos digitales al año. Las tarjetas de débito se mantienen como el instrumento preferido, mientras que las tarjetas de prepago exhiben un notable crecimiento, aunque su cuota de mercado es aún menor. Las transferencias electrónicas de fondos (TEF) también crecieron un 15%, pero su uso para compras en comercios es limitado, a pesar de su popularidad en transacciones entre individuos.
Sin embargo, el efectivo no ha desaparecido. El informe subraya su importancia en regiones, en ferias libres, el transporte público y para compras inferiores a los $10.000. Además, sigue siendo un mecanismo de emergencia vital cuando otros medios de pago experimentan interrupciones.
Durante la presentación del informe, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, anunció que la entidad pondrá en consulta una regulación destinada a fortalecer el sistema de pagos inmediatos y facilitar el uso de las transferencias electrónicas como medio de pago en comercios. La autoridad señaló que el objetivo es aumentar la resiliencia, la innovación y la competencia del sistema de pagos minorista, además de avanzar hacia una mayor interoperabilidad entre los distintos actores.
Costa también adelantó que el Banco Central prevé publicar hacia finales de 2026 una propuesta regulatoria inicial para las stablecoins que puedan ser utilizadas como medios de pago, siguiendo un enfoque de regulación gradual.
El ISiP 2026 también abordó el desarrollo de las stablecoins, concluyendo que, si bien estas tecnologías podrían aportar beneficios, también presentan riesgos y desafíos regulatorios que deben ser gestionados. Asimismo, el informe recalcó la desigualdad en el uso de las infraestructuras que compensan centralizadamente las transacciones financieras, sugiriendo la necesidad de ampliar su utilización para fortalecer la gestión de riesgos y la estabilidad financiera del país.
