El ministro de Justicia, Fernando Rabat, salió al paso de las dudas sobre los criterios para otorgar indultos presidenciales en Chile. En una entrevista con CNN Chile, la autoridad aclaró que el Gobierno analiza más de 40 peticiones desde el inicio de la administración actual, evaluando siempre las particularidades de cada situación en lugar de aplicar una norma general basada exclusivamente en el tipo de delito.
Según explicó el secretario de Estado, el listado de solicitudes es heterogéneo. Incluye casos vinculados a hechos ocurridos entre 1973 y 1990, situaciones relacionadas con el estallido social y condenas por delitos comunes. El proceso administrativo comienza en la División de Reinserción del ministerio, donde una unidad especializada revisa los antecedentes antes de elevarlos al ministro y, eventualmente, al Presidente de la República para su resolución final.
¿Es posible indultar violadores de DD.HH. o de niños?
Ante la consulta directa sobre si existen delitos inhabilitantes para recibir esta gracia, Rabat fue enfático en señalar que el análisis depende de los méritos del expediente. Sobre los condenados por violaciones a los Derechos Humanos, sostuvo:
«Va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente».
El ministro precisó que el indulto no implica una revisión de la sentencia judicial, ya que eso está prohibido por la Constitución, sino que se trata de una facultad presidencial basada en fundamentos específicos. Al ser consultado por la posibilidad de indultar a violadores de niños, el jefe de la cartera reiteró que, aunque se trata de hechos muy graves, la evaluación debe centrarse en los antecedentes actuales de quien solicita el beneficio.
Estado actual de las solicitudes
Sobre su gestión personal en esta materia, el ministro Rabat reveló que ya ha intervenido en el proceso de dos solicitudes correspondientes a delitos comunes: «Hay uno que ya rechazamos y otro que tengo que dictar la resolución estos días, porque ya la he pensado, fundamentado, razonado y motivado».
Finalmente, respecto a las críticas sobre un supuesto sesgo en la justicia durante el estallido social, la autoridad desestimó las dudas. «Opino que los tribunales de justicia aplican la ley, los tribunales de justicia no tienen una visión sesgada acerca de las causas en que ellos deben resolver cada caso», concluyó. Por ahora, el Gobierno mantiene el análisis técnico de las peticiones pendientes mientras se espera la resolución de los expedientes en curso.
