Las dudas legales tras el anuncio
El Registro de Vándalos e Incivilidades propuesto por el Presidente José Antonio Kast durante su primera cuenta pública ha generado una fuerte controversia jurídica. El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, analizó esta iniciativa, la cual busca castigar a quienes integren la nómina mediante la restricción de beneficios estatales, incluyendo la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Cordero recordó que el ordenamiento jurídico chileno ya contempla registros para infractores, como aquellos destinados a los evasores del Transantiago o a los deudores de pensiones de alimentos. No obstante, el exsecretario de Estado precisó que el caso planteado por el mandatario resulta «distinto», dado que su objetivo principal es la supresión de derechos adquiridos.
La barrera constitucional
En una entrevista con Sonar FM, Cordero enfatizó un punto crítico: la Constitución impide retirar ciertos derechos básicos como sanción. «Por ejemplo, en Chile no se puede aplicar como sanción la pérdida de derechos previsionales», advirtió el exministro, recordando que incluso los condenados por delitos de lesa humanidad mantienen sus pensiones de jubilación por expresa disposición constitucional.
Por otro lado, el exfuncionario alertó que la medida podría generar una confusión peligrosa en la aplicación de justicia. Según su visión, el registro corre el riesgo de «entrar a confundir delitos graves con incivilidades». Sobre esto, recordó que los hechos ilícitos de alta connotación, como el lanzamiento de bombas molotov o los ataques contra las policías, ya cuentan con penas sumamente severas en nuestra legislación actual.
Priorizar la gestión sobre la simbología
Pese a sus críticas sobre el mecanismo, Cordero coincidió en que el fenómeno de las incivilidades, tales como el consumo de alcohol en la vía pública o los rayados, debe ser atendido. «Según la evidencia, es uno de los aspectos —junto con los delitos violentos— que más temor provocan en la población», admitió, subrayando que este tipo de acciones generan una interferencia constante en los espacios comunes.
Finalmente, el exministro instó a que el país priorice el debate sobre el abordaje de estas faltas antes de enfocarse en el registro. De no ser así, advirtió que la iniciativa podría terminar convirtiéndose en una medida «meramente simbólica». Cabe recordar que el debate se agudizó tras la solicitud del ministro Arrau de pedir la renuncia a los dos subsecretarios de Seguridad, mientras que figuras como García Ruminot han defendido la postura de impedir beneficios estatales a quienes atenten contra el Estado.
