El Gobierno evalúa desprenderse de las participaciones minoritarias que el Estado aún conserva en las principales empresas sanitarias del país. La medida busca generar recursos fiscales y disminuir la presencia estatal en el ámbito empresarial, según información publicada por La Tercera.
Actualmente, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) posee alrededor del 5% de la propiedad de compañías como Aguas Andinas, Esval, Essbio y Suralis (exEssal). Estas participaciones se mantuvieron tras el proceso de privatización y enajenación de activos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Estamos estudiando, concretamente, en una primera etapa, la venta de la participación minoritaria en empresas sanitarias. Esto responde a la decisión del gobierno del presidente Kast de hacer una revisión profunda de los activos del Estado, para efectos de liberar recursos que no están siendo utilizados de la manera más eficiente posible y poder destinarlos a las personas más necesitadas.
Así lo confirmó Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, explicando que la iniciativa es parte de una revisión exhaustiva de los activos estatales impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast.
La venta de este paquete accionario, al ser minoritario, no requeriría aprobación legislativa. Podría concretarse mediante remates en la Bolsa de Comercio, un mecanismo que será analizado por Corfo en las próximas semanas.
Esta iniciativa se inscribe en un plan más amplio del Ejecutivo para reevaluar su portafolio de bienes. Ya en abril, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había mencionado el estudio de ventas de diversos activos para fortalecer las finanzas públicas, aunque sin especificar entonces las acciones en sanitarias.
Las empresas sanitarias iniciaron su privatización a finales de los años 90. Las participaciones estatales se redujeron al actual 5% en 2011, principalmente para financiar la reconstrucción tras el terremoto de 2010. La venta de las acciones en Aguas Andinas, Esval y Essbio podría generar aproximadamente US$150 millones, sin incluir a Suralis, cuyas acciones no cotizan en bolsa.
Pese a que la propiedad estatal ya no otorga derecho a designar directores en estas empresas, algunas acciones mantienen derechos especiales relacionados con decisiones sobre concesiones y derechos de aprovechamiento de aguas. Sin embargo, La Tercera apunta que en el Gobierno se evalúa que estas facultades nunca se han ejercido y que la fiscalización del sector es competencia primordial de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, abriendo la puerta a su pronta enajenación.
