Los nuevos criterios de acreditación universitaria rigen desde octubre de 2023 en Chile, elevando significativamente las exigencias para las instituciones de educación superior. Este sistema ahora evalúa integralmente todas las funciones, sedes, niveles y modalidades, reflejando una visión renovada sobre la responsabilidad de las universidades con sus estudiantes y la sociedad.
Lejos de ser un mero requisito legal, la acreditación busca ser un proceso continuo de reflexión y mejora. Su verdadero valor emerge cuando las universidades examinan su trabajo con honestidad, identifican fortalezas, reconocen debilidades y toman decisiones respaldadas por evidencia, según el criterio de la Universidad de Aconcagua, que este año inició su propio proceso.
La experiencia internacional demuestra que el principal beneficio de los sistemas de aseguramiento de la calidad reside en la autoevaluación, más que en la certificación. No obstante, advierten que estos procesos pueden perder sentido si se vuelven excesivamente burocráticos o se aplican de forma uniforme a instituciones con misiones diversas.
El sistema universitario chileno se caracteriza por su diversidad, incluyendo planteles intensivos en investigación y otros enfocados en la ampliación del acceso, la formación de profesionales para sus territorios y el acompañamiento de estudiantes con trayectorias variadas. Esta diversidad es una fortaleza que debe ser considerada en la evaluación de la calidad.
Modelos internacionales han evolucionado hacia sistemas que, manteniendo altos estándares, reconocen la heterogeneidad institucional y la capacidad de cada universidad para demostrar el cumplimiento de su proyecto educativo con evidencia. Un desafío pendiente en Chile es avanzar hacia una evaluación más centrada en los resultados.
No basta con verificar la existencia de políticas o reglamentos; es crucial saber cuánto contribuye una institución al aprendizaje, progresión y titulación de sus estudiantes. Esta perspectiva es especialmente relevante al recibir alumnos con condiciones de origen diversas.
Si no se consideran estas diferencias, el sistema podría terminar valorando la selectividad en lugar de la capacidad transformadora de las instituciones. Formar, acompañar y asegurar el desarrollo académico y profesional de estos estudiantes es un indicador de calidad fundamental.
La solidez del sistema también depende de la calidad de sus evaluaciones. La preparación de los pares evaluadores, la aplicación consistente de criterios y la transparencia de las decisiones son esenciales para generar confianza. Una acreditación tiene consecuencias significativas para estudiantes, académicos y comunidades, por lo que demanda evaluaciones rigurosas, objetivas y fundamentadas.
Chile cuenta hoy con un sistema más exigente. El reto es que esta exigencia se traduzca en universidades efectivamente mejores, lo cual dependerá tanto del compromiso de las instituciones con la mejora continua como de la capacidad del sistema para evaluar con objetividad, consistencia y pleno reconocimiento de la diversidad de la educación superior chilena.
