El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha judicializado la crisis educativa que enfrenta la Escuela Diferencial Ann Sullivan en Valdivia, región de Los Ríos. Mediante la presentación de un recurso de protección contra el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), el organismo busca frenar la vulneración de derechos básicos de los estudiantes de este establecimiento, el único especializado para personas con discapacidad visual desde Concepción al sur.
La comunidad educativa ha debido esperar más de 3 años desde el incendio que destruyó sus instalaciones en 2023. Actualmente, los 8 alumnos matriculados fueron trasladados a dependencias de la escuela diferencial Walter Schmidt, donde ocupan dos salas que, según el diagnóstico del INDH, carecen de las condiciones mínimas para un proceso pedagógico adecuado.
Deficiencias estructurales y falta de respuestas
La jefa regional del INDH, Constanza Montt, realizó una visita técnica en abril pasado, confirmando que las condiciones actuales son precarias. Los estudiantes deben ingresar a través de un acceso lateral lleno de adoquines, lo que impide una circulación autónoma y segura para personas con discapacidad visual. Además, el recinto enfrenta problemas críticos de filtraciones de agua, fallas en la calefacción y daños en los pisos.
Sobre la distribución del espacio, Montt detalló la realidad diaria de los estudiantes y docentes:
“Hay dos salas, más o menos pequeñas, que están divididas por un tabique bastante precario. Las salas son casi todas multipropósito. Entonces, tú podías ver que la tipo oficina de la directora, que estaba en uno de estos espacios, era a su vez comedor, era a su vez cocina, es a su vez lugar para hacer las reuniones de apoderados”
La jefa regional enfatizó que este escenario ha impactado directamente en la matrícula, la cual ha sufrido una disminución constante ante la falta de soluciones. A pesar de los compromisos previos asumidos por el director ejecutivo del SLEP Valdivia, Juan Carlos Durán, la institución no ha presentado plazos ni proyectos concretos para la reconstrucción del establecimiento original.
Desde el Servicio Local de Educación Pública, si bien evitaron referirse a los detalles del recurso, señalaron que mantienen una evaluación constante de alternativas para mejorar el bienestar de los alumnos. Por ahora, el futuro de la infraestructura sigue en incertidumbre, dejando a la comunidad escolar en una espera indefinida mientras la justicia determina si el Estado está garantizando el derecho a una educación inclusiva y segura.
