El caso del recluso que busca estudiar ingeniería
Marcelo Moya Vidal, de 41 años, fue identificado en 2016 como uno de los pedófilos más peligrosos de las redes en Chile. Actualmente, cumple una condena de 12 años de presidio tras ser sentenciado por delitos de almacenamiento y producción de pornografía infantil, además de abuso sexual contra una menor de 14 años que pertenecía a su círculo familiar.
El caso dio un giro reciente luego de que el interno obtuviera puntaje nacional en la PAES 2025. Tras este logro académico, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Gendarmería habilitar un acceso restringido a internet para que Moya pueda cursar estudios superiores de ingeniería desde la cárcel.
Antecedentes de la investigación policial
La detención de Moya ocurrió en 2016 gracias a la Brigada del Cibercrimen de la PDI. El proceso se originó tras una alerta internacional emitida desde Alemania en 2014, cuando la Interpol detectó que, desde una dirección IP en Chile, se descargaba material de explotación sexual infantil.
Cuando la policía llegó al domicilio de su padre, Luis Moya Gallegos —quien fue rector del Liceo de Aplicación—, el imputado entregó voluntariamente sus notebooks, discos duros y teléfonos. En estos dispositivos se encontraron más de 50 mil archivos de pornografía infantil. Antes de su arresto a los 33 años, Moya Vidal cursaba quinto año de Ingeniería Industrial en la Universidad Federico Santa María.
La batalla judicial por el acceso a internet
Pese a que su condena finaliza el 28 de octubre de 2029, el recluso busca retomar su carrera profesional. Gendarmería rechazó inicialmente la solicitud argumentando falta de infraestructura, espacio físico y computadores disponibles en el recinto penal.
Ante la negativa, su abogado defensor, Ricardo Bravo Cornejo, presentó un recurso de protección. El profesional aseguró que el acceso sería estrictamente supervisado y limitado a plataformas educativas autorizadas. Finalmente, el tribunal concluyó que el derecho a la educación de Moya se mantiene vigente, obligando a Gendarmería a realizar las gestiones para facilitar sus estudios universitarios en modalidad online.
