El caso que remece al Colegio Los Alerces de Puerto Montt mantiene en tensión a la comunidad educativa. La justicia dio luz verde a la querella criminal presentada en contra de dos alumnos, quienes son acusados de proferir graves amenazas de violación grupal y secuestro en contra de una docente del establecimiento. Pese a la gravedad de los hechos, los involucrados continúan asistiendo a clases sin recibir sanciones académicas.
La Superintendencia de Educación validó el actuar del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), determinando que el protocolo aplicado tras la denuncia fue el correcto. Según explicó Héctor Ruiz, encargado de la unidad psicosocial y convivencia del DAEM, los estudiantes siguen en el sistema escolar, aunque ahora son parte de un proceso de acompañamiento psicológico y social orientado a la concientización de sus actos.
Situación de la profesora afectada
Respecto a la docente, quien permanece con licencia médica, Héctor Ruiz aclaró que aún no existen definiciones sobre una posible reubicación laboral. Al estar fuera del recinto, el colegio no puede ejecutar medidas administrativas hasta que ella retorne a sus funciones, proceso en el cual también deberá contar con apoyo profesional.
Por su parte, los funcionarios del Colegio Los Alerces rompieron el silencio a través de un comunicado público. En el escrito, manifestaron que no se habían pronunciado antes por estricto respeto a la privacidad de su colega y la delicadeza del asunto.
«Como funcionarios, manifestamos que estamos en conocimiento de que nuestro establecimiento educacional, frente a esta situación, aplicó los protocolos correspondientes de manera oportuna y conforme a los procedimientos establecidos, activando las acciones pertinentes que la situación requería»
Apoyo a la gestión y futuro judicial
Los trabajadores del colegio fueron enfáticos en respaldar las acciones legales emprendidas por la profesora, subrayando que conductas de este calibre no pueden ser normalizadas ni minimizadas bajo ninguna circunstancia. Asimismo, expresaron su solidaridad con el director del establecimiento, quien también habría recibido amenazas en el marco de esta crisis.
Mientras la Policía de Investigaciones (PDI) continúa recopilando testimonios y realizando diligencias clave, la admisibilidad de la querella marca un hito en la causa. La gran interrogante que queda abierta para la comunidad escolar es cómo se gestionará la convivencia diaria cuando la docente regrese y si, tras la investigación, la justicia dictaminará medidas adicionales para los menores involucrados.
