El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado una grave querella criminal por el delito de tortura contra quienes resulten responsables al interior de un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Copiapó. Esta acción judicial busca esclarecer los presuntos vejámenes sufridos por dos adolescentes el pasado 16 de enero de 2026, fecha en la que fueron detenidos por su supuesta participación en un ilícito.
¿Qué sucedió exactamente durante la detención? Según el escrito ingresado en el Juzgado de Garantía de Copiapó, el maltrato comenzó durante el traslado en un vehículo policial. Los funcionarios habrían golpeado a los menores en el rostro y cabeza con cachetadas a mano abierta y golpes de puño en la parte alta de la cerviz.
Torturas al interior del cuartel policial
La acusación detalla que la violencia escaló una vez dentro de las dependencias de la PDI. La querella sostiene que al menos cinco funcionarios policiales participaron en una golpiza grupal, impactando con pies y puños la espalda, abdomen y cabeza de las víctimas. Uno de los jóvenes, identificado como S.A.O., incluso habría perdido el conocimiento debido al dolor y al agotamiento físico causado por la agresión.
El relato más crítico de la querella involucra el uso de corriente eléctrica. El documento describe lo siguiente:
Minutos después, al adolescente D.G.C. de quince años de edad, es sometido a descargas eléctricas en sus genitales en presencia del otro adolescente víctima de la presente acción, actos realizados por dos de los funcionarios de la PDI, sosteniendo uno de ellos el artefacto que descarga la electricidad en una mano, mientras el otro, acerca el extremo del cable a los testículos del adolescente y realiza las descargas de corriente al menos en 2 ocasiones, a quienes se les señalaba que “no te gustó andar asaltando gente mayor conchetumadre, dime dónde dejaron las weás que robaron”.
De acuerdo con el texto legal, los ataques habrían persistido incluso en los calabozos, donde un funcionario, cuya identidad se busca determinar y que permanecía encapuchado, continuó golpeando a los menores bajo la amenaza de que debían pagar por sus actos.
Diligencias y respuesta institucional
El INDH subraya que estos hechos podrían constituir el delito consumado de tortura, tipificado en el artículo 150 A del Código Penal, considerando la vulnerabilidad de las víctimas por su edad y su condición de privados de libertad. Entre las medidas solicitadas al Ministerio Público, se incluyen peritajes bajo el Protocolo de Estambul, el levantamiento de grabaciones de cámaras de seguridad del recinto y la individualización de todos los agentes involucrados.
Ante las consultas sobre este caso, la PDI informó que no emitirá declaraciones específicas por tratarse de una causa abierta y en fase de investigación. Sin embargo, aseguraron que mantienen una política de colaboración total con el ente persecutor para entregar todos los antecedentes requeridos. Se espera que en las próximas semanas las pericias técnicas y las declaraciones judiciales permitan determinar si existen pruebas irrefutables en los registros audiovisuales del cuartel, lo que podría marcar un precedente en las investigaciones sobre apremios ilegítimos en la zona.
