Un caso de corrupción remece a la Municipalidad de San Felipe tras la condena a 5 años y un día de presidio efectivo contra Marcelo Alexis Mazuela Henríquez. El exencargado del depósito municipal fue hallado culpable de dos delitos de cohecho tras acreditarse que vendía irregularmente vehículos bajo custodia estatal, engañando a las víctimas bajo la promesa de futuras adjudicaciones legales.
El fallo, dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe este lunes, establece además que el condenado deberá pagar una multa de $1 millón a beneficio fiscal. El tribunal, integrado por los magistrados Rodrigo Cortés, Alejandra Araya y Constanza Olsen, determinó que el funcionario aprovechó su posición para lucrar indebidamente con bienes públicos durante los primeros meses de 2022.
Detalles de la estafa en el corralón
¿Cómo operaba el funcionario para engañar a los ciudadanos? Según la sentencia unánime, Mazuela Henríquez, quien ejercía como encargado del recinto desde marzo de 2016 por decreto alcaldicio, convencía a sus víctimas de que los vehículos estaban próximos a un remate legal. En un caso específico, solicitó $1 millón a una persona por un automóvil Nissan March, asegurando que la documentación estaría disponible próximamente.
En otro episodio acreditado, el sentenciado vendió un vehículo marca JAC por $700 mil, logrando que la víctima le entregara un adelanto de $500 mil. El tribunal concluyó que estos pagos fueron recibidos por el funcionario “para su beneficio propio”, infringiendo gravemente los deberes de su cargo al simular un procedimiento administrativo inexistente.
Sanciones accesorias e inhabilitación perpetua
Además de la pena de cárcel efectiva, el tribunal aplicó castigos severos que buscan impedir que Mazuela Henríquez vuelva a trabajar en el sector público. Se decretó su inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, la suspensión de sus derechos políticos y la prohibición de desempeñar cualquier profesión titular mientras dure la condena.
Asimismo, se sumó una inhabilitación especial adicional de 10 años para el ejercicio de funciones estatales. La sentencia cierra un ciclo judicial complejo para el municipio sanfelipeño; ahora resta esperar si la defensa presentará recursos de nulidad, lo que definiría si la pena se ejecuta de manera inmediata o si se abrirá una nueva etapa procesal en la Corte de Apelaciones respectiva.
