La permanencia de Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad atraviesa su momento más crítico en La Moneda. El futuro de la secretaria de Estado depende directamente de un inminente dictamen de la Contraloría General de la República, entidad que podría entregar al presidente José Antonio Kast la vía institucional necesaria para concretar un relevo ministerial sin desatar una crisis política de mayores proporciones en el oficialismo.
Las presiones sobre Steinert no son nuevas, pero han escalado tras cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad concreto, errores comunicacionales y, fundamentalmente, por la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Este último hecho motivó que el ente fiscalizador otorgara un plazo de 10 días al Ministerio de Seguridad y a la PDI para aclarar los detalles del documento enviado por la ministra el pasado 13 de marzo, apenas 48 horas después de asumir el cargo.
El origen de la crisis en el Ministerio de Seguridad
En dicho oficio, la autoridad solicitó información sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen” en Tarapacá. Antecedentes revelados por Radio Bío Bío sugieren que la ministra habría solicitado personalmente la salida de Consuelo Peña, arrastrando un conflicto previo desde sus funciones como fiscal regional. Aunque el presidente Kast ha defendido públicamente la institucionalidad de la decisión, atribuyéndola al director general de la PDI, Eduardo Cerna, la debilidad política de Steinert en el gabinete es un secreto a voces en Palacio.
La situación se agrava al considerar que, tras tres meses de gestión, el Ministerio de Seguridad aún carece de un plan integral formalizado. Esto resulta contradictorio considerando que, durante la campaña, Kast prometió estrategias robustas como el “Plan Escudo Fronterizo”, el “Plan Escudo en Ruta” y el “Plan Renace”.
El peso de los apoyos políticos y el escenario futuro
El desempeño de la ministra en la reciente sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados terminó de agotar la paciencia de varios sectores. Parlamentarios oficialistas han cuestionado su capacidad para ejercer conducción política, un cargo que fue impulsado inicialmente por el presidente de Republicanos, Arturo Squella, y el senador Renzo Trisotti. Este origen político añade una capa de complejidad a cualquier remoción, pues el Gobierno busca evitar un conflicto abierto con sus propias bases.
El informe de la Contraloría es visto hoy como la llave política que permitiría resolver un problema que el Gobierno no ha logrado encauzar por sí solo, habilitando una salida menos traumática para el Ejecutivo.
Oficialmente, el Gobierno mantiene el respaldo a su ministra apelando a la lealtad. Sin embargo, en los pasillos de La Moneda asumen que el destino de Steinert está atado a lo que dictamine la Contraloría en las próximas horas. ¿Logrará un informe favorable salvar su gestión o será este el detonante final de su salida del gabinete?
