El caso judicial contra el exmandatario
La justicia de Bolivia determinó este lunes la suspensión del juicio contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por el delito de trata de personas. La decisión fue tomada por el tribunal a cargo luego de que el exmandatario, que gobernó el país entre 2006 y 2019, no se presentara a la audiencia de instalación del proceso penal.
La Fiscalía mantiene una acusación grave contra Morales: sostener una relación con una adolescente de 15 años durante su periodo presidencial, vínculo del cual habría nacido una hija. Según el expediente judicial, los padres de la menor habrían otorgado su consentimiento para estos hechos a cambio de recibir beneficios.
Situación legal y orden de captura
Luis Gutiérrez, fiscal a cargo del caso, confirmó en conferencia de prensa que el juicio no podrá avanzar hasta que el exmandatario sea presentado ante la justicia, ya sea de forma voluntaria o mediante el uso de la fuerza pública. Tras la inasistencia injustificada de este lunes, el Poder Judicial ratificó la situación de rebeldía del líder campesino, estado que ya había sido decretado en enero de 2025 ante su ausencia en una audiencia para definir su prisión preventiva.
Como consecuencia de este escenario, los magistrados emitieron nuevas órdenes de arresto y ratificaron el impedimento de salida del país, a pesar de que ya existían medidas vigentes por la misma causa. Gutiérrez subrayó que, en este punto, la ejecución de la captura es una responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional.
Defensa y bastión político
Actualmente, Evo Morales se encuentra resguardado en la zona cocalera del Chapare. En dicho lugar, considerado su principal bastión político, miles de seguidores montan guardias constantes para evitar cualquier tipo de incursión policial que busque detener al expresidente.
La defensa, liderada por el abogado Wilfredo Chávez, argumentó que no asistirían a la audiencia por falta de una notificación formal, alegando que el juzgado utilizó un edicto en medios escritos en lugar de citar a Morales en su domicilio. Por su parte, el exmandatario ha rechazado los cargos y califica el proceso como una persecución judicial liderada por el gobierno de Rodrigo Paz. «No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político», señaló Morales recientemente a través de su cuenta en X.
