Las 70 familias del Comité de Vivienda Pellu Weche en Chaitén, región de Los Lagos, han alzado la voz contra la Delegación Provincial de Palena. El motivo es la paralización de una orden de desalojo en un terreno de 4,33 hectáreas, ocupado irregularmente, el cual es fundamental para la construcción de sus futuras viviendas, proyecto que esperan hace ya 9 años.
El conflicto escaló en febrero, cuando los vecinos cortaron el puente El Blanco, ruta que conecta la Carretera Austral con Chaitén, exigiendo una solución habitacional definitiva. A raíz de esta movilización, la Seremi de Seguridad de la administración anterior gestionó el desalojo con apoyo de Carabineros. No obstante, el procedimiento fijado para el 10 de marzo no se ejecutó debido a una supuesta falta de maquinaria por parte de la Dirección de Vialidad.
¿Conflicto de interés en la Delegación de Palena?
Tras el cambio de mando, el delegado Marcelo Cifuentes ha manifestado no tener conocimiento oficial del proceso. Según su versión, consultó en el área jurídica de la Delegación Presidencial de Palena y no encontró documentación al respecto. «No puedo tomar una decisión de desalojo sin antes conocer ambas partes del proceso», señaló, añadiendo que no tomará medidas que comprometan su puesto.
Sin embargo, Radio Bío Bío confirmó la existencia de un oficio fechado el 18 de febrero que respalda la orden de desalojo original. Ante esta discrepancia, la presidenta del comité, Pamela Lemus, denunció un posible sesgo en la autoridad provincial:
«Esta familia siempre ha estado ligada a la política y nosotros nos enteramos de que él contrató a la actual pareja de la persona que tiene la toma ilegal».
Esta relación laboral con una funcionaria de la Delegación es lo que los dirigentes apuntan como el principal freno para recuperar el predio. Por su parte, el delegado Marcelo Cifuentes negó conocer estos hechos y anunció la apertura de una investigación interna, reiterando que la institución no busca impedir el acceso a la vivienda propia.
Un terreno en disputa y soluciones cuestionadas
El terreno en cuestión fue propiedad de Bienes Nacionales hasta 2014, cuando pasó a manos del Serviu para fines habitacionales. Como contrapropuesta al desalojo, el Gobierno ha ofrecido a las familias otro terreno cercano al Río Blanco, sector sur de Chaitén. No obstante, el Comité Pellu Weche rechaza esta alternativa por estar alejada de servicios básicos y carecer de garantías técnicas ante riesgos de catástrofes naturales.
Actualmente, la situación permanece en una tensa incertidumbre. Mientras la persona que ocupa ilegalmente las tierras se prepara para emitir declaraciones públicas, las 70 familias aguardan nuevas reuniones con autoridades regionales, buscando destrabar un proceso que se ha vuelto una carrera contra el tiempo y la burocracia estatal.
