La Municipalidad de San Felipe, liderada por la alcaldesa Carmen Castillo, ha interpuesto una denuncia formal ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso contra el concejal Ronald Olivares. El objetivo de la acción legal, apoyada por el resto de los ediles, es la destitución del funcionario por una supuesta falta grave a la probidad administrativa y el mal uso de recursos públicos durante una capacitación oficial.
¿Qué ocurrió con el falso secuestro en Viña del Mar?
El caso, que ha tenido una alta connotación nacional, surgió cuando Olivares, electo como independiente en el pacto Centro Democrático, denunció haber sido secuestrado mientras asistía a una actividad formativa en la ciudad de Viña del Mar durante el año 2025. Sin embargo, el relato cambió drásticamente cuando el propio concejal admitió que los hechos fueron falsos.
Según lo expuesto por el concejal César Lazo, el involucrado confesó posteriormente que utilizó el dinero de su viático municipal no para la capacitación, sino para la compra de drogas y alcohol. Olivares habría pasado tiempo en un ruco consumiendo sustancias ilícitas, una versión que mantuvo durante más de un año antes de ser desmentida por él mismo tras la denuncia inicial ante Carabineros.
Impacto político y la postura del concejal
La alcaldesa Carmen Castillo lamentó profundamente el suceso, señalando que la situación ha erosionado la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades locales.
Lamentablemente, este ha tenido connotación nacional por la situación también que no se dijo lo que correspondía y se hizo una declaración gravísima de un secuestro que posteriormente no fue reconocido por la misma persona y también por consumo de droga que también tiene otro elemento bastante importante.
Por su parte, el concejal Ronald Olivares ha optado por mantener una postura de calma ante la arremetida judicial. El edil declaró que enfrentará tanto la querella por obstrucción a la justicia como la presentación ante el TER con “total tranquilidad y conforme a la ley, teniendo la conciencia tranquila y la convicción de haber actuado siempre en el marco de mis atribuciones como concejal”.
¿Qué sigue ahora en el proceso administrativo?
La batalla legal apenas comienza. Desde el municipio indicaron que el proceso ante el tribunal electoral contempla diversas etapas legales que deberán ser agotadas para determinar una sanción. Se estima que una eventual resolución definitiva para la permanencia o destitución de Olivares podría extenderse por un periodo cercano a un año. ¿Logrará el concejal mantenerse en su cargo tras esta serie de acusaciones que comprometen la probidad de la gestión municipal?
