Este viernes, el destino judicial del exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor, Arnaldo Domínguez, se definirá en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Tras extensas jornadas de formalización, la Fiscalía Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han solicitado la prisión preventiva para ambos, acusándolos de fraude al fisco y tráfico de influencias, entre otros delitos.
La jornada previa, este jueves, estuvo marcada por las réplicas finales de las partes. La Fiscalía, representada por la fiscal Constanza Encina, y el CDE, junto al municipio de Maipú, enfrentaron a la defensa de los imputados, en un debate que incluyó acusaciones cruzadas sobre el uso político de bases de datos y facturas ideológicamente falsas.
El CDE enfatizó que las conductas atribuidas a Lavín León y Domínguez son inseparables, argumentando que el presunto fraude al fisco habría requerido la intervención de un parlamentario. Por su parte, la fiscal Constanza Encina descartó cualquier colaboración sustancial por parte del exdiputado, reforzando la tesis de una estructura coordinada para beneficiar campañas políticas y operadores vinculados a la administración comunal de Maipú.
“Es una aplicación que tenía fines también comerciales, por cierto; de hecho, hay contratos con parlamentarios, con candidatos que rindieron estos servicios también al Servel. Que recibieron, por lo tanto, pagos por estos servicios. Eso tiene un nombre, señoría, y se llama comercializar”, planteó la persecutora.
La defensa de Domínguez y Lavín frente a las cautelares
La defensa de Arnaldo Domínguez, liderada por Pablo Araya, intentó desacreditar las imputaciones, señalando la falta de pruebas directas que acrediten la capacidad de decisión o intervención de su representado en las contrataciones municipales. Araya insistió en que Domínguez carecía de poder resolutivo dentro de la administración comunal.
“¿Tenía don Arnaldo la facultad de poder vetar o paralizar alguna decisión de los hechos? Claramente no, su señoría”, planteó.
En cuanto a Joaquín Lavín León, su defensor, Cristóbal Bonacic, cuestionó el perjuicio económico atribuido por la Fiscalía en el caso de las facturas de la imprenta MMG. Bonacic argumentó que una de las facturas observadas se rindió incluso por un monto menor al correspondiente, ironizando sobre la acusación de fraude al fisco.
“Resulta que el fraude al fisco tiene un elemento básico, que es el perjuicio. (…) El problema es que la factura que se rindió es por menor valor que la factura que debió haberse rendido; es decir, el señor Lavín está cometiendo un fraude al fisco por haberle ahorrado al Estado de Chile 37.100 pesos”, apuntó.
Con estos argumentos sobre la mesa, la expectación crece en torno a la decisión del tribunal. Este viernes al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinará si Lavín León y Domínguez enfrentarán su proceso en prisión preventiva o con medidas cautelares menos gravosas. ¿Cómo impactará esta resolución en el escenario político y judicial de Chile?
