El quiebre de las negociaciones por el Plan de Reconstrucción Nacional entre el Partido de la Gente (PDG) y el Gobierno dejó al descubierto profundas fracturas técnicas y políticas. Un texto comparado, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, detalla las cinco grandes diferencias que hicieron imposible alcanzar un consenso legislativo.
Periodicidad y el pago de beneficios
El primer gran choque se encuentra en el artículo 1 del documento, donde la periodicidad del pago de beneficios resultó ser un punto irreconciliable. Mientras el PDG exigía bonos mensuales —con un desfase de 45 días tras el cierre del mes—, el Ejecutivo se mantuvo firme en ofrecer pagos trimestrales a través del Bolsillo Familiar Electrónico en la CuentaRUT.
La propuesta del PDG establecía que el beneficio equivaldría a hasta un 20% del valor total (IVA incluido) del consumo de referencia. El artículo 11 del texto ratificó esta postura, insistiendo en que el pago debe ser mensual, a diferencia de la fórmula trimestral presentada por el Gobierno.
Universalidad versus hiperfocalización
El segundo punto de conflicto fue el alcance del beneficio. El PDG defendió la universalidad total, especialmente en la devolución del IVA por medicamentos y pañales. En contraste, el Gobierno propuso segmentar la ayuda, limitándola inicialmente hasta el quinto decil de la población.
El diseño actual es extremadamente restrictivo y para llegar al 80% (letra d)) la deuda debe ser inferior al 10% del PIB. Deuda actual del 43,3% (finales 2025), con expectativas sólo de subir.
El PDG criticó duramente esta «hiperfocalización», argumentando que el beneficio de pañales no debería requerir acreditación y que se estaba excluyendo injustamente a niños y personas con enfermedades crónicas, neurológicas o discapacidades.
Actualización de precios y vigencia
Un tercer aspecto crítico fue la actualización de los precios de referencia. El PDG solicitó que estos se revisaran cada dos años (bienalmente) mediante la Dirección de Presupuesto y bajo el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el Gobierno planteó una cuatrienualidad, fijando precios por un periodo de al menos 4 años, lo cual fue calificado como un riesgo para el poder adquisitivo frente a la inflación.
Asimismo, los plazos de entrada en vigencia fueron objetados. El proyecto original contemplaba cuatro meses para que la ley rigiera tras el reglamento, y otros cuatro meses adicionales para redactar dicho reglamento, tiempos que la bancada del PDG consideró inaceptables.
Restricciones de deuda y ambigüedad legal
En el ámbito económico, el artículo tercero transitorio impuso condiciones severas: la cobertura solo aumentaría al 80% de la población si la deuda pública descendía bajo el 10% del PIB. Dado que la deuda alcanzó el 43,3% a finales de 2025, el PDG catalogó la medida como un freno inviable para la ayuda social.
Finalmente, la falta de definiciones claras generó incertidumbre en el artículo 12 sobre sanciones por «uso indebido». La normativa no especifica qué conductas se consideran infracciones, limitándose solo a castigos por suspensión. Además, el concepto de «naturaleza homologable» en el artículo 10 fue criticado por ser ambiguo, pudiendo perjudicar a quienes retiran medicamentos en los Cesfam cuando estos no están disponibles.
Hoy, el acuerdo permanece estancado. La distancia entre el modelo universalista del PDG y la focalización presupuestaria del Ejecutivo sugiere que cualquier avance requerirá nuevas mesas de diálogo o una reestructuración completa de los artículos mencionados.
