El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ratificó oficialmente la ampliación del recinto carcelario Santiago 1, una medida que ha desatado una fuerte controversia con el alcalde de la comuna, Mario Desbordes. Este proyecto, que el jefe comunal ha intentado frenar en repetidas ocasiones, fue confirmado tras disiparse las dudas planteadas inicialmente por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien había sugerido la búsqueda de terrenos fuera de la capital.
La postura del Gobierno ante el plan carcelario
El secretario de Estado argumentó ante La Tercera que es necesario comprender que toda iniciativa de esta naturaleza incluye medidas de mitigación significativas, mencionando que en algunos proyectos concesionados estas alcanzan las 100.000 unidades de fomento. Rabat aclaró que la visión de Arrau es correcta en cuanto a no construir una cárcel nueva en Santiago, sino más bien ampliar las instalaciones existentes bajo la denominada Ley Fast Track.
El titular de Justicia detalló un ambicioso plan proyectado entre el 2026 y el 2030, cuya meta inicial considera 15.000 nuevas plazas. No obstante, el desafío actual es duplicar dicha cifra durante el presente mandato. Para lograrlo, el Ministerio está evaluando fórmulas de ejecución rápida, tales como la implementación de cárceles modulares. «Haremos lo posible por hacerlo y nos vamos a desvivir en eso», aseguró la autoridad.
Desbordes: Críticas a la seguridad y falta de mitigación
Por su parte, el alcalde Mario Desbordes rechazó de manera categórica la construcción de una cárcel de alta seguridad en el sector de Pedro Montt. El jefe comunal calificó la zona como un territorio «completamente saturado», argumentando que ya concentra la mayor cantidad de personas privadas de libertad en apenas un par de kilómetros cuadrados en todo Chile.
Como alcalde de Santiago rechazo categóricamente las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de que se va a concretar la cárcel de alta seguridad en el sector de Pedro Montt. No es recomendable hacer una cárcel de alta seguridad en el corazón de la capital.
Desbordes expuso además una problemática técnica relevante: la mayoría de los reclusos de máxima peligrosidad cometieron delitos en comunas como Lampa, Talagante o Puente Alto. Al mantenerlos en el centro de Santiago, se generan riesgos constantes para Gendarmería y la ciudadanía durante los traslados a los tribunales correspondientes. Ante esto, propuso que todas las gestiones judiciales de estos internos se realicen de forma telemática.
Finalmente, el alcalde calificó de «burda» la explicación oficial y acusó al ministro de desinformar a la ciudadanía respecto a las obras de mitigación. Desbordes recordó que cuando se construyó Santiago 1 se prometieron obras que nunca se concretaron. «Señor Rabat, ¿sabe cuántas obras se construyeron? Cero. Por favor, no trate de engañar a los vecinos de la comuna», sentenció. Actualmente, el proyecto sigue su curso mientras se mantiene la tensión entre el Ejecutivo y el municipio ante la incertidumbre sobre el impacto real que tendrá esta ampliación en el sector.
