La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un nuevo dictamen que permite a los municipios adquirir elementos de seguridad personal sin la necesidad de pasar por un proceso de licitación. Esta medida, de carácter excepcional y transitoria, busca proteger a alcaldes, concejales y funcionarios municipales que hayan sido víctimas de amenazas concretas y denunciadas formalmente.
El ente fiscalizador sostiene que esta autorización se fundamenta en el dictamen N° E30601 de 2025. Bajo este criterio, se reconoce que los municipios poseen atribuciones legales para colaborar en la seguridad pública comunal, lo que justifica la compra directa de instrumentos destinados a la defensa personal de los trabajadores municipales que se encuentren en situación de riesgo.
Contexto legal y protección de funcionarios
Además de la nueva jurisprudencia, la CGR recordó la vigencia de la Ley N° 21.802, la cual introduce modificaciones a la Ley N° 18.695 para fortalecer la institucionalidad en la prevención del delito. Esta normativa, que será plenamente exigible a partir del 12 de agosto de 2026, establece en su artículo 43 la obligación de las municipalidades de proveer a sus inspectores de seguridad los elementos defensivos necesarios para el cumplimiento de sus labores.
La Contraloría enfatizó que el presupuesto y las capacidades financieras de cada corporación edilicia son factores que condicionan la aplicación de esta medida. No obstante, se mantiene el principio fundamental de que los espacios de trabajo deben garantizar la salud e integridad física de los servidores públicos, alineándose con la dignidad de la función pública.
En consideración a las referidas circunstancias, procederá proporcionar, de manera excepcional y transitoria, esto es, por el lapso de tiempo en que subsista el riesgo o amenaza, los elementos de protección y seguridad adicional que se requieran.
Para que la compra se concrete, es requisito indispensable contar con una evaluación técnica fundada. Dicho informe debe ser emitido por organismos policiales competentes o derivar de una orden del Ministerio Público, acreditando efectivamente la necesidad de reforzar la seguridad ante el nivel de riesgo detectado.
Actualmente, esta normativa ofrece un resguardo administrativo para que los jefes de unidad y alcaldes cumplan con su deber de velar por condiciones laborales eficientes y seguras. Queda pendiente observar cómo cada comuna ejecutará estos protocolos una vez que las amenazas sean debidamente acreditadas por las autoridades investigativas.
