La formalización del exdiputado Joaquín Lavín León ha tomado un giro clave tras revelarse antecedentes que vinculan su gestión en el Congreso con la campaña presidencial de su padre, Joaquín Lavín Infante. Según lo expuesto en la audiencia, durante 2021, asesores pagados con fondos parlamentarios habrían realizado labores de apoyo político para la candidatura del exalcalde de Las Condes, configurando un posible desvío de recursos públicos que ahora es objeto de indagación penal.
Fiscalía no descarta ampliar la investigación a Joaquín Lavín Infante
Ante la consulta sobre si la indagatoria podría alcanzar al exabanderado presidencial, el director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, aclaró en Radio Infinita que el organismo no tiene impedimentos para extender las diligencias si los hechos lo requieren. El persecutor fue enfático al señalar que la evolución del caso determinará si se imputan nuevos delitos a otros involucrados.
Nada obsta a que el día de mañana, a través del desarrollo de investigaciones, o poder pulir aquella idea respecto de diligencias que me permitan con objetividad alguna imputación de otro delito, no hay duda alguna de que el Ministerio Público tendrá que hacer lo que corresponda.
Eugenio Campos añadió que la institución tiene la obligación legal de no privarse de indagar a quien resulte responsable, subrayando que cualquier nueva vinculación dependerá estrictamente del mérito de los antecedentes que se vayan recolectando en las próximas etapas del proceso. El Ministerio Público no se cierra a sumar nuevos nombres a la investigación más allá de los ya conocidos en esta etapa inicial.
Prisión preventiva y estructura de desvío
La Fiscalía ha expuesto una presunta estructura organizada que, según se investiga, habría operado durante casi una década mediante diversos mecanismos ilícitos. Entre estos, se mencionan la emisión de facturas ideológicamente falsas y el uso indebido de asignaciones parlamentarias. Un punto central de la acusación es el uso de personal financiado por el Congreso para fines proselitistas, incluyendo la plataforma SocialTazk, la cual habría sido costeada con dinero fiscal para objetivos electorales.
Debido a la magnitud del perjuicio fiscal y la organización detectada, la Fiscalía ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para Joaquín Lavín León. Mientras el tribunal evalúa los antecedentes, la Fiscalía mantiene abiertas todas las aristas, lo que abre la interrogante sobre qué nuevos nombres o instituciones podrían ser citados a declarar a medida que las diligencias avancen en el futuro cercano.
